Bolivia enfrenta un nuevo costo por la conflictividad
La conflictividad dejó de ser únicamente un problema de movilidad para convertirse en una variable económica con capacidad de afectar producción, comercio, inversión y empleo. Los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio generaron pérdidas superiores a los US$3.000 millones, de acuerdo con la información presentada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
El dato adquiere mayor relevancia en un contexto en el que el país enfrenta una creciente preocupación por la pobreza y la necesidad de estabilizar su actividad económica. La discusión sobre los bloqueos, por tanto, trasciende el conflicto inmediato: plantea cuánto puede absorber la economía boliviana antes de que la interrupción recurrente de actividades termine afectando de manera más profunda sus capacidades productivas.
El costo se distribuye por toda la economía
El impacto de los bloqueos no se concentra en un solo sector. La afectación señalada por el IBCE alcanza a inversión, producción, comercio exterior, turismo, transporte y servicios, además de empleos, ingresos familiares y recaudaciones estatales. La amplitud del daño muestra que la interrupción de las rutas funciona como un mecanismo de transmisión hacia distintas actividades económicas.
“Los 53 días de bloqueos generaron pérdidas superiores a los US$3.000 millones.”
Para las empresas, el problema no termina cuando se libera una carretera. Las interrupciones pueden alterar cadenas de abastecimiento, dificultar el traslado de mercancías y modificar los tiempos de operación. En sectores vinculados al comercio exterior, además, la continuidad logística es una condición necesaria para sostener operaciones de importación y exportación.
El sondeo realizado por el IBCE entre el 7 y el 10 de septiembre aporta una señal adicional sobre la percepción social del problema. De las 1.362 respuestas procesadas, el 96% afirmó haber sido afectado directa o indirectamente por algún bloqueo y el 98% consideró que estas medidas perjudican el desarrollo del país.
La magnitud de esos porcentajes revela que la conflictividad ya no aparece únicamente como una disputa entre grupos movilizados y autoridades. Desde la perspectiva recogida por el sondeo, existe una percepción extendida de que sus efectos terminan trasladándose al conjunto de la sociedad y, particularmente, a quienes dependen de la continuidad de la actividad económica para generar ingresos.
El debate cambia hacia las reglas del conflicto
El resultado más relevante del sondeo no es solamente el rechazo a los bloqueos, sino el respaldo a mecanismos institucionales para enfrentarlos. El 95% de los participantes manifestó que debería priorizarse el diálogo, mientras que otro 95% respaldó la aprobación urgente de una Ley Antibloqueos. El 96% también estuvo de acuerdo con sancionar a quienes bloqueen.
“El 96% afirmó haber sido afectado directa o indirectamente por algún bloqueo.”
Esta percepción introduce una segunda dimensión en el debate: no se discute únicamente cómo resolver un conflicto específico, sino qué reglas deberían aplicarse cuando una medida de presión genera costos que se extienden mucho más allá de quienes participan directamente en ella.
El documento también recoge una demanda más amplia planteada por el IBCE: que una eventual Ley Antibloqueos contemple no solo sanciones penales, sino también la responsabilidad por los daños económicos ocasionados, incluyendo a instigadores y financiadores. Se trata de una propuesta que desplaza la discusión desde la interrupción de vías hacia la responsabilidad por sus consecuencias económicas.
La estabilidad se convierte en una variable económica
El 81% de los participantes apoyó la prórroga del Estado de Excepción. El resultado adquiere relevancia porque muestra que una parte significativa de los encuestados vincula la continuidad de medidas excepcionales con la necesidad de contener la conflictividad y generar condiciones para avanzar en cambios estructurales.
Para el sector productivo, la cuestión central es la previsibilidad. Una economía puede enfrentar interrupciones puntuales, pero la repetición de conflictos introduce incertidumbre sobre producción, distribución, inversión y comercio. En ese escenario, la estabilidad deja de ser únicamente una cuestión política y pasa a formar parte de las condiciones necesarias para tomar decisiones empresariales.
El propio IBCE advierte que la conflictividad genera incertidumbre y puede afectar los procesos de estabilización y crecimiento. Su argumento adquiere especial peso después de un periodo de bloqueos cuyo costo económico fue estimado en más de US$3.000 millones y que, además, estuvo asociado a más de 20 muertes.
“El 95% respaldó la aprobación urgente de una Ley Antibloqueos.”
El siguiente escenario dependerá de si el conflicto vuelve a convertirse en un mecanismo recurrente de presión o si las instituciones consiguen establecer canales capaces de procesar las demandas sin paralizar actividades económicas. El sondeo muestra un amplio respaldo al diálogo y a nuevas reglas frente a los bloqueos, pero también evidencia que la sociedad ya está midiendo el conflicto por sus consecuencias concretas.
Para Bolivia, el desafío económico no consiste únicamente en recuperar lo perdido después de cada interrupción. Consiste en reducir la incertidumbre que precede a las decisiones de inversión, producción y comercio. Si la conflictividad vuelve a escalar después del actual Estado de Excepción, el costo podría medirse nuevamente en actividad económica; si prevalecen mecanismos institucionales de negociación y resolución, la estabilidad podría convertirse en una condición para recuperar previsibilidad.
