
Una disputa que escala al ámbito andino
SOBOCE sostiene que el origen de la controversia no se encuentra en una supuesta competencia desleal, sino en una deuda que el Estado mantendría con la empresa desde hace 16 años. Sobre esa base, Ricardo Barrientos, gerente Nacional de Administración y Finanzas de la compañía, cuestionó el desarrollo de la demanda y señaló que esta habría sido utilizada como mecanismo de presión en el conflicto relacionado con el monto de la expropiación.
La empresa también cuestiona el tratamiento procesal recibido durante los años de litigio. Entre los aspectos señalados figuran recursos que, según su versión, no habrían sido tramitados y resoluciones judiciales que no habrían sido notificadas de manera adecuada.
“La demanda no fue una coincidencia. Fue armada como herramienta de presión para intentar obligarnos a negociar el monto de la expropiación.”
El reclamo ante la Comunidad Andina busca trasladar parte del debate desde el ámbito exclusivamente nacional hacia el ordenamiento jurídico comunitario. En ese escenario, la discusión deja de concentrarse únicamente en el monto de la sentencia y pasa a involucrar principios sobre igualdad de trato, debido proceso y seguridad jurídica.
El punto jurídico que plantea SOBOCE
El abogado Hugo Gómez, ex presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y asesor internacional de SOBOCE y sus accionistas, sostuvo que la justicia boliviana habría infringido el principio de trato nacional previsto en el derecho andino.
Según su argumento, las autoridades judiciales también habrían omitido solicitar una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir la condena. Para la defensa de SOBOCE, esta omisión constituiría un incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.
La controversia adquiere especial relevancia por el alcance que la empresa atribuye al Auto Supremo 1190/2026. SOBOCE sostiene que esta resolución habría otorgado a FANCESA prerrogativas que, en su interpretación, corresponden exclusivamente al Estado, entre ellas la imprescriptibilidad de créditos y la inembargabilidad de bienes.
“El Auto Supremo 1190/2026 vulnera flagrantemente este derecho al otorgar a FANCESA prerrogativas exclusivas del Estado.”
El argumento central de la empresa es que estas condiciones romperían el principio de trato nacional establecido en la Decisión 291 de la Comunidad Andina, normativa vinculada al régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y subregionales.
Bs744 millones y una disputa con implicaciones empresariales

La dimensión económica del caso añade presión al conflicto. SOBOCE busca que se suspenda la ejecución de la sentencia mientras la Secretaría General de la Comunidad Andina evalúa el reclamo y, eventualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina intervenga dentro del procedimiento correspondiente.
El monto supera los Bs744 millones, una cifra que convierte el proceso judicial en un asunto con consecuencias financieras relevantes para las partes involucradas. Sin embargo, el alcance empresarial del conflicto va más allá de esa cifra.
Para SOBOCE, la discusión también involucra las condiciones bajo las cuales un inversor subregional puede operar y defender sus derechos dentro del sistema jurídico boliviano. La empresa sostiene que un tratamiento judicial diferenciado podría afectar la percepción de seguridad jurídica y, por extensión, las decisiones de inversión.
“Un Estado que protege judicialmente de forma exclusiva a las empresas de capitales bolivianos destruye su imagen como destino de inversiones.”
La advertencia coloca el caso en una dimensión que trasciende el litigio entre SOBOCE y FANCESA. El resultado del procedimiento andino podría aportar nuevos elementos al debate sobre la aplicación del derecho comunitario, el trato a los inversores y la relación entre las decisiones judiciales nacionales y las obligaciones asumidas por Bolivia dentro de la Comunidad Andina.
El siguiente escenario
La presentación ante la Secretaría General de la Comunidad Andina abre ahora una nueva etapa. SOBOCE solicita que la ejecución de la sentencia sea suspendida mientras se analiza el reclamo y se determina si existieron vulneraciones al ordenamiento jurídico andino.
El proceso también pone bajo observación la actuación de las instituciones bolivianas frente a las obligaciones derivadas del derecho comunitario. La eventual intervención del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podría definir el alcance jurídico de los cuestionamientos planteados por la empresa.
Más allá del resultado específico del litigio, el caso introduce una pregunta de mayor alcance para el entorno empresarial: hasta dónde puede llegar la jurisdicción nacional cuando existen normas comunitarias que establecen obligaciones de trato e igualdad para los inversores.
La respuesta tendrá implicaciones no solo para SOBOCE y FANCESA, sino también para la forma en que Bolivia administra controversias empresariales vinculadas con inversiones protegidas por acuerdos de integración regional.