Rechazo empresarial al incremento salarial 2025: un llamado urgente a la sensatez económica
La decisión del Gobierno nacional de incrementar el 10% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y el 5% al Haber Básico ha generado un rechazo unánime entre los principales sectores empresariales del país, que advierten sobre sus consecuencias en medio de un escenario económico adverso marcado por bajo crecimiento, alta inflación y déficits fiscales.
Un incremento sin sustento en la realidad económica
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (CAMEBOL) y representantes de gremios regionales como Cainco han manifestado públicamente su rechazo al ajuste salarial aprobado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), al considerarlo “impuesto”, “temerario” y alejado de la situación real del país y del tejido empresarial.
El incremento salarial solo beneficiará a alrededor de 1,1 millones de trabajadores, que de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo del INE, forman parte del sector formal.
La CEPB señaló que este aumento —el más alto en los últimos ocho años— se produce en un contexto de decrecimiento del PIB, inflación creciente y déficits sostenidos, lo cual compromete gravemente la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. Además, alertó que el gobierno deberá asumir la responsabilidad de las consecuencias que esta medida provoque sobre el empleo formal.
El impacto en las empresas y el empleo
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) detalló los múltiples efectos negativos que el incremento salarial generará:
- Estancamiento económico: El PIB cayó al 2,1% en 2024 y se prevé un crecimiento de apenas 1% para 2025. Esta medida contraerá aún más la demanda, impulsará el contrabando y afectará la producción nacional.
- Inflación descontrolada: Con una inflación acumulada del 13,87% hasta marzo de 2025, el ajuste salarial podría agravar aún más el alza de precios, debilitando la competitividad.
- Déficit fiscal agravado: El déficit público ya alcanza el 10,9% del PIB. El aumento salarial representa un gasto adicional significativo que comprometerá aún más las finanzas estatales.
- Riesgo para la viabilidad de las empresas: Las privadas enfrentan escasez de divisas, combustibles y caída de ventas. El aumento de costos laborales podría derivar en despidos y mayor informalidad.
- Desigualdad entre sectores público y privado: Mientras las empresas públicas pueden aumentar salarios bajo ciertos requisitos, el sector privado no tiene acceso a las mismas condiciones, lo que crea un trato desigual.
- Altos costos laborales: Por cada Bs 100 de aumento, el empleador debe pagar Bs 48 adicionales en aportes, encareciendo aún más la formalidad y forzando a muchas empresas al incumplimiento.
La CAMEBOL también expresó su preocupación por el impacto del ajuste en las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, muchas de las cuales aún enfrentan las secuelas de la pandemia. Calificó la medida como “un grave error” y advirtió sobre sus efectos devastadores en la sostenibilidad empresarial y en el empleo formal.
Un ajuste que beneficia solo al 15% de los trabajadores
El economista Jimmy Osorio destacó que solo 1,1 millones de trabajadores, pertenecientes al sector formal, se beneficiarán del incremento, mientras que 5,8 millones de personas, el 84% de la población laboral boliviana, quedarán excluidas al estar en condiciones de informalidad. Esto representa una fuerte inequidad y limita el verdadero alcance del beneficio anunciado.
El presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, fue categórico:
“El 80% de los bolivianos que vive del día no recibe ni un peso más, pero hoy paga el pan al doble… No hay decreto que tape lo que todos vemos: la crisis es real y cada día más profunda”.
Una visión oficial que contrasta con la crítica empresarial
Desde el Gobierno, el presidente Luis Arce defendió la medida, calificándola como un “acuerdo racional” que busca recuperar el poder adquisitivo y reactivar el consumo de las familias. Según el Ministerio de Economía, el ajuste se concentrará en los sectores de salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas, cuidando la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, economistas como Fernando Romero cuestionaron esa visión:
“El incremento generará mayor inflación, informalidad, contracción de inversión privada y posiblemente más pobreza. Es una medida política, no económica”.
Un llamado urgente al diálogo y la revisión
Los sectores empresariales han coincidido en demandar la reconsideración urgente del incremento salarial 2025. Proponen, en su lugar, políticas basadas en el diálogo, concertación y análisis técnico que resguarden tanto el bienestar de los trabajadores como la viabilidad de las empresas.
No hay decreto que tape lo que todos vemos: la crisis es real y cada día más profunda.
De no corregirse el rumbo, advierten, Bolivia enfrentará un escenario de mayor desempleo, informalidad y retroceso económico, cuyas consecuencias se extenderán mucho más allá de 2025.
