Shell vs. Bolivia: la disputa que podría costar cientos de millones al Estado
La relación entre Bolivia y las petroleras extranjeras vuelve a tensarse. La multinacional Shell, a través de su filial BG Overseas Limited, notificó formalmente al gobierno de Luis Arce sobre una serie de medidas que considera ilegales y que, según la empresa, han derivado en pérdidas millonarias. Si en seis meses no se llega a una solución, el conflicto podría escalar a un arbitraje internacional bajo el marco del Tratado de Inversiones suscrito en 1988 entre Bolivia y el Reino Unido.
El caso no solo pone en riesgo las finanzas públicas, sino también la reputación del país ante la comunidad inversora internacional, en un momento en el que Bolivia busca captar capital para revitalizar su sector hidrocarburífero.
Las seis acusaciones de Shell
La notificación presentada por la firma de abogados King & Spalding, en representación de Shell, resume seis acciones atribuidas al Estado boliviano que, a juicio de la petrolera, vulneran sus derechos como inversor:
Si no se logra un acuerdo en los próximos seis meses, el caso avanzará a un arbitraje internacional que podría tener un alto costo financiero y, sobre todo, reputacional.
- Restricciones contractuales en beneficio de YPFB: la promulgación de normativas y medidas regulatorias que habrían reducido deliberadamente la rentabilidad de los contratos de operación de Shell.
- Anulación de un laudo arbitral favorable: un tribunal boliviano invalidó un fallo que otorgaba a la compañía 12 millones de dólares, lo cual, según Shell, constituye una denegación de justicia.
- Deudas impagas: incumplimiento en los pagos derivados de contratos comerciales con YPFB, por montos de varios millones de dólares.
- Negativa a emitir documentación legal: el Estado habría impedido la entrega de certificados que otorgaban a Shell una liberación final de responsabilidades sobre un contrato.
- Venta no autorizada de crudo: se acusa a YPFB de disponer y comercializar miles de barriles pertenecientes a Shell sin su consentimiento.
- Hostigamiento judicial a ejecutivos: persecución penal presuntamente utilizada como mecanismo de presión contra directivos actuales y pasados de la empresa.
En conjunto, estas medidas habrían generado pérdidas valoradas en cientos de millones de dólares, según la notificación enviada al Ejecutivo boliviano.
La respuesta del Estado
El Procurador General, Ricardo Condori, reconoció la recepción de la nota y aseguró que cualquier proceso de diálogo se llevará adelante con responsabilidad técnica y jurídica. Subrayó que los reclamos de Shell deben ser evaluados a fondo, ya que, en sus palabras, la supuesta vulneración de derechos es “subjetiva” y debe probarse en instancias adecuadas.
Este no es el primer enfrentamiento entre Shell y Bolivia. En 2013, la compañía inició un arbitraje comercial en el que obtuvo un fallo favorable por 12 millones de dólares. Sin embargo, el laudo fue anulado por un tribunal civil boliviano en 2015, un antecedente que la petrolera considera como parte del patrón de medidas ilegales actuales.
Riesgo de arbitraje y repercusiones internacionales
El trasfondo de este conflicto no se limita al monto económico. Para los analistas del sector energético, como el experto Álvaro Ríos, lo que está en juego es la credibilidad de Bolivia como destino de inversión. Se estima que el Estado mantiene deudas cercanas a 200 millones de dólares con distintas petroleras, lo que podría incentivar que otras compañías también recurran a arbitrajes internacionales.
En conjunto, estas medidas habrían generado pérdidas valoradas en cientos de millones de dólares, según la notificación enviada al Ejecutivo boliviano.
Un escenario adverso podría consolidar un precedente legal negativo para Bolivia y profundizar la percepción de inseguridad jurídica, un factor clave en la toma de decisiones de los inversionistas globales.
Choque entre política y obligaciones
La disputa entre Shell y el Estado boliviano es mucho más que un reclamo económico. Representa un choque entre la política de nacionalización de recursos y las obligaciones internacionales asumidas por Bolivia en materia de protección de inversiones.
Si no se logra un acuerdo en los próximos seis meses, el caso avanzará a un arbitraje internacional que podría tener un alto costo financiero y, sobre todo, reputacional. En un momento crítico para la industria energética boliviana, el desenlace de esta controversia enviará un mensaje decisivo al mercado global sobre el rumbo que tomará el país en su relación con la inversión extranjera.
