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Bolivia rompe la racha de crecimiento en créditos de vivienda social tras diez años

El acceso a la vivienda propia ha sido uno de los pilares de la política financiera boliviana en los últimos años, especialmente a través de los créditos de interés social. Sin embargo, tras más de una década de expansión continua, este segmento muestra señales de agotamiento. Según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), al cierre de agosto de 2025 la cartera destinada a vivienda social registró una caída interanual del 3,7%, rompiendo con la tendencia ascendente que se mantenía desde 2012. Este hecho no solo refleja un cambio en la dinámica del sistema financiero, sino que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas de inclusión habitacional.

El crédito para vivienda social comenzó a ganar protagonismo en Bolivia en 2013, cuando apenas alcanzaba los 2.852 millones de bolivianos. A partir de ese año, el crecimiento fue notable: en 2016 ya superaba los 10.000 millones y en 2019 alcanzaba los 26.084 millones, consolidándose como una de las principales apuestas del sistema financiero.

“La cartera de vivienda social cayó a 30.400 millones, su primera contracción en más de una década.”

Incluso durante la pandemia de 2020, la expansión no se detuvo, llegando a 27.491 millones, y continuó creciendo en los años siguientes hasta estabilizarse alrededor de los 31.800 millones en 2023 y 2024. Este dinamismo permitió que miles de familias accedieran a una vivienda digna bajo condiciones de financiamiento más accesibles.

Por primera vez en más de diez años, el sector muestra una contracción: al 31 de agosto de 2025 la cartera se redujo a 30.400 millones de bolivianos, frente a los 31.578 millones del mismo mes en 2024. Aunque la caída es moderada en términos porcentuales, marca un quiebre significativo en la trayectoria de un segmento que parecía imparable.

Mientras tanto, otros rubros como el crédito productivo mantienen su dinamismo, alcanzando los 109.335 millones en el mismo periodo. Esto ha reducido el peso relativo de la vivienda social en la cartera total, que ahora representa solo el 13,4%, frente al 48,2% que concentra el sector productivo.

El retroceso responde a una combinación de elementos estructurales y coyunturales. En primer lugar, la menor liquidez bancaria derivada de la desaceleración económica ha reducido la capacidad de las entidades financieras para otorgar créditos de largo plazo. A esto se suman mayores exigencias regulatorias, que incluyen provisiones más estrictas y evaluaciones técnicas más rigurosas para la aprobación de hipotecas.

Además, el contexto internacional también ha jugado un papel relevante. El aumento de las tasas de interés externas encareció el financiamiento para la banca boliviana, lo que limitó el margen para ofrecer créditos sociales bajo condiciones atractivas.

La caída en los créditos de vivienda social representa un punto de inflexión para el sistema financiero boliviano y para las políticas de inclusión habitacional. Si bien el retroceso aún no es drástico, sí revela un escenario más complejo en el que el financiamiento accesible para la vivienda enfrenta obstáculos tanto internos como externos.

El desafío para los próximos años será encontrar un equilibrio entre la estabilidad del sistema financiero y la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna para la población de menores ingresos. Esto implicará replantear estrategias regulatorias, explorar fuentes alternativas de fondeo y fortalecer políticas que promuevan la sostenibilidad del crédito social como herramienta clave de desarrollo.

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