Crecen las estafas digitales y la ASFI evalúa medidas para proteger a los usuarios
Las estafas mediante el uso de códigos QR se han convertido en una de las principales amenazas digitales en Bolivia, al punto de que especialistas consideran urgente la creación de un marco regulatorio específico que permita a las autoridades financieras actuar de manera preventiva. Aunque no existen cifras oficiales, un estudio del Ministerio de Gobierno de 2024 revela que solo el 9% de las víctimas formaliza una denuncia, lo que genera un subregistro crítico de la magnitud del problema.
De acuerdo con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), desde mediados de 2023 se han bloqueado más de 8.500 líneas telefónicas relacionadas con estafas digitales. Sin embargo, expertos apuntan a la necesidad de que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) implemente mecanismos similares para bloquear cuentas bancarias vinculadas a fraudes con QR.
Más del 90% de las operaciones electrónicas en Bolivia utilizan QR, lo que hace urgente proteger a los usuarios.
El especialista en derecho y tecnología Mario Durán sostiene que la ASFI debería establecer un procedimiento expedito para congelar preventivamente cuentas receptoras de fondos ilícitos, acompañado de una “lista negra” de titulares de dichas cuentas. Según su análisis, marcos normativos de países como Brasil y Chile pueden servir de referencia para Bolivia, al facilitar la desactivación de cuentas sospechosas y limitar la responsabilidad de los usuarios ante fraudes reportados oportunamente.
En la misma línea, el analista financiero Marcelo Rocha considera que las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) podrían incluir alertas adicionales en las transferencias con QR de montos elevados o hacia cuentas no frecuentes. Para él, más allá de soluciones puntuales, se requiere una normativa integral que contemple pagos electrónicos, activos digitales y otras modalidades emergentes de fraude, en coordinación con la policía y la ASFI.
Se requiere un marco normativo integral que combine innovación financiera con seguridad y prevención de fraudes.
El riesgo se amplifica dado que, según Asoban, el QR ya participa en 9,2 de cada 10 operaciones electrónicas en Bolivia, con más de 356,9 millones de transacciones en el primer semestre de 2025, por un valor de 21.091 millones de dólares. Estas cifras muestran la masificación del QR Simple como principal canal de pago, pero también su atractivo para redes de estafadores.
Ante consultas de medios, la ASFI señaló que no está facultada para recibir denuncias penales, aunque sí colabora con requerimientos judiciales y promueve programas de educación financiera. Además, reiteró recomendaciones básicas: evitar escanear códigos de fuentes dudosas, verificar siempre la autenticidad de las URL antes de introducir datos y usar aplicaciones de lectura de QR que cuenten con filtros de seguridad.
La creciente vulnerabilidad del sistema pone de relieve la urgencia de una respuesta institucional. Para especialistas, el desafío consiste en equilibrar la innovación financiera con la protección al consumidor, de manera que el QR siga consolidándose como un canal confiable de inclusión y desarrollo digital en Bolivia.
