Los embajadores bolivianos de Semillas para el Futuro ya están en China recibiendo capacitaciones tecnológicas
El 2024 quedó marcado como uno de los años más críticos para la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). La estatal, que durante más de una década se presentó como un actor clave en el abastecimiento de granos básicos, experimentó una caída sin precedentes en el acopio de maíz, trigo y arroz. La situación no solo encendió alarmas en la Asamblea Legislativa, sino que también desató protestas de sectores productivos que dependen de estos insumos para sostener la cadena alimentaria del país.
El desplome en cifras
Los datos oficiales reflejan la magnitud del retroceso. De una meta proyectada de 60.000 toneladas de maíz, solo se alcanzaron 1.412 toneladas, es decir, un 2,35% de lo esperado. En el caso del trigo, la recolección llegó a 8.224 toneladas (5,48% de lo planificado), y en el arroz apenas se lograron 7.591 toneladas (14,02%). En conjunto, el promedio de cumplimiento no superó el 7,3%, un contraste radical frente a los años 2021-2023, cuando el desempeño rondaba entre el 85% y el 100%.
El desplome del acopio de granos por parte de Emapa en 2024 puso en evidencia las debilidades estructurales del modelo estatal de abastecimiento.
Este desplome ocurre en un contexto en el que, según el ministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, la producción de trigo en Bolivia siempre fue deficitaria, obligando al país a recurrir a importaciones para cubrir la demanda. Sin embargo, en 2024 las dificultades fueron más allá de los históricos problemas estructurales.
Impacto en la cadena productiva
El quiebre en el suministro de maíz —insumo fundamental para avicultores, porcicultores y productores lecheros— generó una reacción inmediata. Desde junio, sectores productivos denunciaron que Emapa redujo o suspendió entregas, atribuyendo la interrupción a cambios en la gerencia y procesos de auditoría internos.
Roxana Veizaga, representante de los porcinocultores de Cochabamba, señaló que muchos productores dejaron de recibir maíz desde agosto, lo que puso en riesgo la alimentación del ganado. Por su parte, dirigentes del sector lechero remarcaron que la falta de maíz subvencionado encareció los costos de producción en un rubro que tiene precios regulados, afectando directamente su sostenibilidad.
El impacto se sintió en toda la cadena: los avicultores alertaron que el déficit presiona el precio del grano y termina repercutiendo en productos de consumo masivo como el pollo, los huevos y la leche. Como explicó Winston Ortiz, dirigente del sector, se trata de “miles de familias perjudicadas” y de un golpe que también llega al bolsillo de las amas de casa.
Factores detrás del retroceso
Más allá de los cambios administrativos, el 2024 estuvo marcado por una sequía extrema que afectó gravemente la campaña de invierno. Según Jaime Hernández, gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la producción nacional de trigo cayó a unas 70 mil toneladas, cifra insuficiente para abastecer la demanda. Sin embargo, Hernández criticó que Emapa, en lugar de priorizar la compra de esa producción local, optó por importar grano y harina, ofreciendo precios poco atractivos para los agricultores bolivianos.
De una meta proyectada de 60.000 toneladas de maíz, solo se alcanzaron 1.412 toneladas, es decir, un 2,35% de lo esperado.
Este escenario no solo desincentivó a los productores, sino que también abrió un debate sobre el papel de la estatal en el mercado. Para Enzo Landívar, presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, el bajo volumen de acopio y la política de precios de Emapa no solo resultan insuficientes para cubrir la demanda, sino que terminan generando efectos inflacionarios al encarecer el precio del maíz en el mercado nacional.
Riesgos a futuro
El desplome del acopio de granos por parte de Emapa en 2024 puso en evidencia las debilidades estructurales del modelo estatal de abastecimiento. Lo que antes era un sostén para el equilibrio de precios y el suministro, se convirtió en un factor de incertidumbre que afectó a miles de productores y consumidores.
Más allá de las cifras, la crisis mostró la necesidad de replantear la relación entre el Estado y los productores, priorizando la compra interna, ajustando políticas de precios y garantizando mecanismos más transparentes de acopio. Si bien Emapa se comprometió a normalizar la entrega de maíz a partir de octubre, el 2024 dejó una lección clara: la falta de previsión y coordinación puede desestabilizar toda la cadena agroalimentaria de Bolivia en cuestión de meses.
