Ley de Diferimiento de Créditos: alivio para prestatarios, tensión para la banca
El Gobierno boliviano cerró su gestión legislativa 2020–2025 con una de las medidas económicas más debatidas de los últimos años: la promulgación de la Ley N° 1670, conocida como Ley de Diferimiento de Crédititos, una normativa que busca ofrecer un respiro financiero a millones de prestatarios afectados por la desaceleración económica, aunque con una fuerte oposición del sistema bancario privado.
Una medida con amplio alcance social
La nueva ley, publicada en la Gaceta Oficial, permitirá a 1,4 millones de prestatarios acogerse a un diferimiento de hasta seis meses en el pago de sus créditos. Además, establece una suspensión temporal de embargos y ejecuciones judiciales relacionadas con préstamos de vivienda de interés social y créditos otorgados a micro y pequeñas unidades económicas.
El éxito de la medida dependerá de si Bolivia logra transformar un alivio temporal en una oportunidad sostenible de recuperación económica.
El objetivo del Gobierno es claro: aliviar la carga financiera de hogares, emprendedores y sectores productivos que enfrentan dificultades de liquidez tras un periodo de contracción económica. La medida fue recibida con optimismo por asociaciones de microempresarios, transportistas y prestatarios, quienes ven en esta normativa una oportunidad para estabilizar sus finanzas sin el riesgo inmediato de perder bienes o enfrentar procesos judiciales.
Rechazo y advertencias desde el sistema financiero
Sin embargo, el entusiasmo social contrasta con la preocupación expresada por las principales entidades del sistema financiero. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) emitieron un pronunciamiento conjunto advirtiendo sobre los posibles riesgos que implica un diferimiento generalizado y automático.
Según estas asociaciones, la suspensión temporal de pagos podría alterar el flujo de recursos del sistema financiero, afectando la liquidez de las entidades bancarias y reduciendo su capacidad para otorgar nuevos créditos a familias, emprendedores y empresas. En otras palabras, una medida pensada para aliviar la economía familiar podría, a mediano plazo, ralentizar el acceso al financiamiento y generar un efecto dominó sobre la actividad crediticia.
Las entidades financieras no rechazan por completo la idea del alivio, pero insisten en que este debería aplicarse de manera focalizada y acompañada de mecanismos compensatorios. En particular, proponen que se priorice a los prestatarios con comprobada afectación económica, en lugar de extender el beneficio de forma indiscriminada.
El papel de la regulación y los próximos pasos
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) será la encargada de emitir el reglamento operativo que determine los criterios y condiciones que deben cumplir los prestatarios para acceder al beneficio. Asimismo, los bancos deberán ajustar sus mecanismos internos para aplicar la medida sin comprometer su estabilidad operativa.
Expertos en economía señalan que la clave estará en equilibrar el alivio social con la sostenibilidad financiera. Una política de diferimiento puede ser positiva si se aplica de forma transitoria y con supervisión técnica, pero podría generar efectos contraproducentes si no se asegura la recuperación de los flujos de crédito una vez concluido el periodo de gracia.
Entre el alivio y la prudencia
La promulgación de la Ley de Diferimiento de Créditos representa una apuesta por proteger a los sectores más vulnerables frente a la crisis económica. Sin embargo, el desafío radica en mantener el delicado equilibrio entre la estabilidad social y la salud del sistema financiero.
La nueva ley, publicada en la Gaceta Oficial, permitirá a 1,4 millones de prestatarios acogerse a un diferimiento de hasta seis meses en el pago de sus créditos.
Mientras los prestatarios celebran la posibilidad de reorganizar sus finanzas sin presiones judiciales, los bancos alertan sobre un escenario de menor liquidez y riesgo crediticio. En este contexto, la implementación técnica y la regulación efectiva por parte de la ASFI serán determinantes para que la ley logre su propósito sin desestabilizar el sistema bancario nacional.
En última instancia, el éxito de la medida dependerá de si Bolivia logra transformar un alivio temporal en una oportunidad sostenible de recuperación económica.
