Rodrigo Paz expone la magnitud de la crisis estatal y marca una ruta de orden y transparencia

A una semana de asumir la Presidencia del Estado, Rodrigo Paz Pereira presentó un diagnóstico contundente sobre la situación que encontró al ingresar al Gobierno. Lejos de suavizar el panorama, el mandatario optó por exponer con claridad el estado crítico de las finanzas públicas, la presencia de redes de corrupción enquistadas en instituciones estratégicas y la urgencia de reordenar el aparato estatal. Su primera conferencia de prensa se convirtió así en un punto de partida político que busca reposicionar la confianza ciudadana y sentar las bases de un nuevo ciclo económico.

Un Estado debilitado y con un daño económico histórico

Según Paz, la administración recién asumida heredó un escenario financiero profundamente deteriorado. El mandatario habló de un perjuicio que podría superar los 15.000 millones de dólares, asociado a prácticas irregulares, sobreprecios, mala gestión y estructuras ilícitas que operaron durante años bajo un manto de impunidad.

Aunque la cifra aún debe ser verificada mediante auditorías, representa —en términos comparativos— un monto cercano al presupuesto anual de inversión pública de Bolivia, lo que da una dimensión del impacto sobre la economía nacional.

La lucha contra las mafias internas, la revisión de contratos millonarios y la apuesta por la digitalización son pasos que buscan frenar inmediatamente la sangría económica.

Para dimensionar este daño, Paz ordenó auditorías urgentes y anunció que todos los procesos serán transparentados, digitalizados y puestos bajo un nuevo sistema de control para cortar los “espacios de opacidad” donde proliferaron actos irregulares.

Mafias infiltradas en YPFB y ANH: el caso que destapó la crisis

Uno de los hallazgos más graves señalados por el Gobierno es la existencia de redes criminales dentro de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En solo siete días, investigaciones internas permitieron detectar una cisterna vinculada al desvío sistemático de combustibles—aunque no se sabe por cuántos años operó este esquema.

Paz destacó que fue el seguimiento técnico de la ANH el que permitió realizar los primeros arrestos, lo que evidencia que, pese al deterioro institucional, aún existen equipos capaces de actuar con eficiencia cuando se eliminan las presiones políticas.

Este caso revela un problema estructural: las mafias del combustible no solo afectan el abastecimiento interno, sino que generan pérdidas millonarias por contrabando y desvíos, incidencia que Paz busca cortar mediante controles más estrictos y colaboración ciudadana. “Cuando se enfrenta la corrupción, la gente habla”, enfatizó el mandatario, apelando a una corresponsabilidad social en la lucha contra estas redes.

Abastecimiento, estabilidad y señales económicas iniciales

A pesar del panorama crítico, el Presidente aseguró que el suministro de gasolina y diésel está garantizado, incluso mientras se implementan controles para frenar las fugas de recursos. Este mensaje busca contener la incertidumbre generada por años de desabastecimientos localizados y contradicciones institucionales.

Paz también destacó tres avances inmediatos logrados en su primera semana:

• Restablecimiento del abastecimiento de hidrocarburos.
• Estabilidad del tipo de cambio, un factor clave para el comercio y las importaciones.
• Mejora en la percepción del riesgo país, indicador que influye directamente en la llegada de inversión extranjera.

Aunque estas señales no resuelven la crisis, muestran —según el Gobierno— un inicio de recuperación de la credibilidad internacional.

Gastos cuestionados: los radares que nunca funcionaron

Entre los ejemplos más ilustrativos del “desorden administrativo” heredado, Paz mencionó la fallida compra de radares aéreos franceses por 360 millones de euros, un proyecto que nunca operó plenamente. Este caso se ha convertido en un símbolo de la falta de control, debilidad institucional y ausencia de fiscalización que marcaron gestiones anteriores.

La referencia no solo busca transparentar errores, sino también mostrar la necesidad de revisar grandes contratos estatales, especialmente aquellos vinculados a seguridad, energía y comunicaciones.

Subvención a los combustibles: una decisión inevitable, pero aún sin fecha

El Presidente evitó comprometer una fecha para modificar o desmontar la subvención a los carburantes —una de las más elevadas de Sudamérica—. Sin embargo, advirtió que su continuidad sin ajustes amenaza la sostenibilidad fiscal del país.

Paz fue enfático en que cualquier medida será gradual, técnica y responsable, evitando decisiones bruscas que puedan generar tensión social. El mensaje busca equilibrar expectativas y mostrar que el Gobierno está consciente de la complejidad política y económica del tema.

Un llamado a la estabilidad y a la corresponsabilidad ciudadana

El mandatario insistió en que la estabilidad económica debe ser entendida como un bien público que todos los sectores deben proteger. Señaló que existen grupos que intentan generar incertidumbre mediante presiones políticas, y pidió a la ciudadanía actuar con madurez y no permitir que la confrontación afecte la recuperación del país.

El mandatario habló de un perjuicio que podría superar los 15.000 millones de dólares, asociado a prácticas irregulares, sobreprecios, mala gestión y estructuras ilícitas.

En paralelo, anunció la digitalización total de los procesos económicos del Estado, una reforma que permitirá reducir espacios de discrecionalidad y prevenir nuevas formas de corrupción.

Diagnóstico que marca una nueva etapa

El diagnóstico presentado por Rodrigo Paz describe un Estado con profundas falencias estructurales, debilitado por años de prácticas irregulares y una institucionalidad erosionada. Sin embargo, también marca el inicio de un proceso de reordenamiento basado en tres pilares: transparencia, estabilidad y corresponsabilidad social.

La lucha contra las mafias internas, la revisión de contratos millonarios y la apuesta por la digitalización son pasos que buscan frenar inmediatamente la sangría económica y reconstruir la confianza. El camino hacia la salida de la crisis será largo, pero el Gobierno plantea que solo un Estado ordenado y limpio podrá sentar las bases de un nuevo ciclo de crecimiento.

La siguiente etapa dependerá no solo de las decisiones técnicas de la administración, sino también de la participación activa de la ciudadanía en la vigilancia, denuncia y defensa de la institucionalidad.