Crédito de la CAF prioriza el pago de obligaciones pendientes y genera debate sobre el destino de los recursos
El financiamiento externo vuelve al centro del debate económico en Bolivia. El Gobierno informó que la mayor parte del crédito de 550 millones de dólares gestionado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) será utilizada para cubrir obligaciones financieras acumuladas en los últimos años, una decisión que busca garantizar la continuidad de proyectos públicos y el funcionamiento del aparato estatal, pero que también ha generado cuestionamientos en la Asamblea Legislativa.
La operación financiera se presenta como una medida de estabilización en un contexto marcado por restricciones fiscales y compromisos pendientes con proveedores y gobiernos subnacionales.
Un préstamo orientado a aliviar la deuda flotante
De acuerdo con el Ministerio de Economía, alrededor del 80% del crédito, equivalente a 429 millones de dólares, se destinará al pago de la denominada deuda flotante, principalmente obligaciones impagas de gobiernos subnacionales con proveedores desde 2023. El objetivo, según explicó el ministro José Gabriel Espinoza, es evitar la paralización de obras y servicios, así como dar mayor holgura al Tesoro General de la Nación.
El reto es que el endeudamiento no se limite a pagar el pasado, sino a impulsar el desarrollo.
Desde el Ejecutivo se remarca que el enfoque de este financiamiento no responde únicamente a la lógica del endeudamiento tradicional, sino a una estrategia de reordenamiento económico. En esa línea, las autoridades sostienen que los recursos permitirán fortalecer la estabilidad macroeconómica, apoyar a las regiones y facilitar un proceso de reestructuración de la economía nacional.
La magnitud del problema, según datos oficiales, se refleja en las 1.790 cartas de acreedores recibidas por el Gobierno, que evidencian la acumulación de compromisos financieros heredados de gestiones anteriores.
Condiciones financieras y alcance del crédito
El préstamo, suscrito a fines de noviembre de 2025 y enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación, contempla un plazo de 12 años, con tres años de gracia y una tasa de interés variable basada en la SORF a seis meses, más un margen adicional. También incluye comisiones por compromiso y financiamiento, además de un periodo de desembolso que puede extenderse hasta 18 meses.
Si bien la mayor parte de los recursos se destinará a obligaciones pendientes, el Gobierno aseguró que el crédito también permitirá dar continuidad a proyectos estratégicos en áreas como salud, educación, medio ambiente, innovación productiva y obras públicas. Entre ellos figuran iniciativas de equipamiento médico, sistemas de agua potable, proyectos educativos en distintos departamentos y obras urbanas como parques, trenes metropolitanos y aeropuertos.
Críticas y posiciones encontradas en la Asamblea
El tratamiento del crédito generó un intenso debate legislativo. Desde sectores de oposición se cuestionó que una proporción reducida del financiamiento esté destinada a inversión directa. Legisladores señalaron que solo una fracción del total —alrededor del 10%— se orienta a proyectos de desarrollo, mientras que el grueso se utiliza para cubrir compromisos financieros previos.
Otros parlamentarios, en cambio, advirtieron que rechazar el crédito podría agravar la situación económica y provocar una mayor presión sobre el Estado y los proveedores. Desde esta perspectiva, el préstamo es visto como una herramienta de corto plazo para evitar un deterioro mayor de la actividad pública.
El debate sobre el proyecto de ley se extendió por más de cuatro horas, reflejando las diferencias de enfoque sobre cómo enfrentar el actual escenario fiscal.
Otros créditos en curso y nivel de endeudamiento
Al préstamo de la CAF se suman otros financiamientos externos recientemente aprobados. Entre ellos figura un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 30 millones de dólares, destinado a un programa de integración urbana en La Paz y El Alto, que incluye mecanismos de control y rendición de cuentas periódicas al Legislativo.
Asimismo, se aprobó un crédito de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por aproximadamente 96 millones de dólares, orientado a reponer gastos realizados durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, principalmente en el área de salud. Este préstamo se caracteriza por condiciones financieras más favorables, con una tasa de interés mínima y un plazo extendido.
El 80% del crédito de la CAF (429 millones de dólares) se destinará al pago de deuda flotante acumulada desde 2023.
Según el Ministerio de Economía, la deuda pública de Bolivia representa actualmente el 28,8% del Producto Interno Bruto, un nivel que, de acuerdo con el Gobierno, se mantiene por debajo del límite máximo de endeudamiento establecido en el 40% del PIB.
Medida como alivio financiero
El crédito de la CAF se presenta como una medida de alivio financiero en un contexto de restricciones presupuestarias y obligaciones acumuladas. Mientras el Gobierno defiende su uso como una herramienta para estabilizar la economía y garantizar la continuidad del Estado, sectores legislativos cuestionan su bajo impacto inmediato en inversión productiva.
El desafío hacia adelante será convertir este respiro financiero en una oportunidad para ordenar las finanzas públicas, reactivar proyectos estratégicos y evitar que el endeudamiento se limite únicamente a cubrir déficits del pasado, sin generar un impulso sostenible para el desarrollo futuro.
