Gobierno presenta el Decreto 5503 como el inicio de un nuevo modelo económico en medio de protestas sectoriales

El Gobierno nacional defendió el Decreto Supremo 5503 como el punto de partida de un nuevo modelo económico destinado a enfrentar la crisis económica, institucional y de confianza que, según el diagnóstico oficial, atravesó Bolivia en los últimos años. No obstante, la norma ha generado reacciones divididas entre sectores sociales, sindicales y productivos, con protestas activas, acuerdos parciales y un respaldo mayoritario al Ejecutivo de Rodrigo Paz.

Un quiebre con el modelo anterior

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Decreto 5503 marca un quiebre con el pasado reciente y propone una estructura concreta de acción estatal, más allá de un cambio discursivo. En un artículo de opinión difundido en redes sociales, sostuvo que la norma reposiciona a la población como eje central de las decisiones económicas.

La subvención a los combustibles era fiscalmente insostenible.

Espinoza describió el contexto previo como una crisis multidimensional caracterizada por escasez de combustibles, inflación, caída de reservas internacionales y un deterioro profundo de la confianza institucional. A este escenario lo definió como un “Estado tranca”, en el que la burocracia, la corrupción y la discrecionalidad habrían desplazado al servicio público.

“Este decreto no maquilla esa realidad: la reconoce, la nombra y actúa en consecuencia”, señaló el ministro, al remarcar que el nuevo enfoque busca compatibilizar estabilidad macroeconómica con justicia social.

Estabilización con protección social

Uno de los pilares del decreto, según Espinoza, es la implementación de medidas de estabilización financiera y monetaria acompañadas de un “escudo social”. Este incluye el incremento de la Renta Dignidad, el fortalecimiento del Bono Juancito Pinto y la creación de transferencias extraordinarias focalizadas para sectores vulnerables.

“El enfoque no es un ajuste ciego, sino una priorización clara”, aseguró, al subrayar que la protección de ingresos debe sustituir a subsidios generalizados que, a su juicio, resultan regresivos y fiscalmente insostenibles.

Nueva relación entre Estado y sector productivo

Otro eje central del Decreto 5503 es la redefinición de la relación entre el Estado y el aparato productivo. El Gobierno plantea dejar atrás un esquema de control excesivo para avanzar hacia un modelo de “confianza regulada”, con medidas como la eliminación de trámites innecesarios, la aplicación del silencio administrativo positivo, ventanillas únicas y plazos definidos.

“El Estado deja de ser un obstáculo y pasa a ser un facilitador”, afirmó Espinoza, quien sostuvo que la norma sienta las bases de un “capitalismo para todos”, sustentado en reglas claras, competencia y seguridad jurídica.

En cuanto al sistema de precios de los combustibles, el ministro explicó que la corrección de distorsiones busca reducir el contrabando y proteger al consumidor durante un periodo de transición. “La equidad no se construye con precios falsos, sino con ingresos protegidos y servicios eficientes”, remarcó.

Rechazo sindical y movilizaciones

Pese a la defensa oficial, la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene un rechazo frontal al Decreto 5503, principalmente por la eliminación de la subvención a los combustibles, que derivó en un aumento significativo del precio del gas y el diésel. La organización sindical cumple jornadas consecutivas de movilización en La Paz y otras ciudades, exigiendo la abrogación de la norma y anunciando la posibilidad de ampliar las medidas de presión.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó que el decreto favorece a sectores empresariales y agroindustriales, mientras que para la población implica un mayor ajuste económico, ratificando la convocatoria a un paro general indefinido.

Acuerdos parciales y respaldo sectorial

A diferencia de la COB, varios sectores sociales y productivos optaron por el diálogo con el Ejecutivo. En Cochabamba, el transporte pesado anunció que no se sumaría al paro tras firmar un acuerdo para socializar la aplicación del decreto y evaluar medidas específicas para el sector.

Asimismo, organizaciones como la Cámara de Transporte del Oriente, la Federación Departamental de Transporte de Santa Cruz, federaciones de juntas vecinales en La Paz y sectores de la minería aurífera alcanzaron acuerdos similares, descartando medidas de presión.

El Decreto 5503 marca un quiebre con el modelo económico anterior.

Algunas entidades empresariales y productivas también expresaron un respaldo implícito al decreto, al considerar que la subvención a los combustibles era fiscalmente insostenible y generaba desequilibrios en las cuentas públicas, aunque este apoyo no ha sido unificado ni explícito en todos los casos.

Las nuevas implementaciones del Gobierno de Paz

En medio de protestas y negociaciones, el Gobierno reiteró su disposición al diálogo, aunque dejó claro que el Decreto 5503 no será derogado ni modificado en su esencia, aunque sí podría ajustarse en aspectos específicos. Para el Ejecutivo, la norma constituye la base de un proceso de transformación económica que busca estabilizar el país sin abandonar la prioridad social, mientras el debate continúa abierto en la arena política y social.