Exautoridades bajo investigación por avalar empresas públicas deficitarias

El Gobierno de Rodrigo Paz ha puesto bajo la lupa a exautoridades de al menos cinco instituciones estatales que habrían conformado un circuito de avales financieros que permitió a empresas públicas operar con pérdidas, endeudarse de forma sostenida y recibir transferencias del Tesoro General del Estado (TGN) sin estudios técnicos de factibilidad.

Según el diagnóstico preliminar, este esquema involucró a los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Minería e Hidrocarburos, así como al Banco Central de Bolivia (BCB). Las autoridades actuales sostienen que estas instancias avalaron periodos de gracia prolongados, asumieron deudas empresariales y autorizaron transferencias que funcionaron como rescates financieros recurrentes.

Fue un consorcio de autoridades que avalaron empresas sin ningún respaldo técnico.

“El Ministerio de Economía avalaba ampliaciones de periodos de gracia para el no pago de deuda al Banco Central. El Gobierno central asumía las deudas y realizaba transferencias que eran una forma de salvataje”, explicó el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares.

Empresas inviables y fuerte daño fiscal

El 15 de diciembre, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, presentó un informe sobre las empresas públicas creadas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). De un total de 67 empresas, solo tres fueron catalogadas como rentables: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

De acuerdo con el informe oficial, se invirtieron Bs 53.945 millones de las reservas internacionales, equivalentes a unos $us 7.750 millones. Sin embargo, en casi dos décadas apenas se recuperó el 18% de esos recursos. “El resto, cerca de $us 6.000 millones, son fondos que probablemente no podrán ser recuperados”, lamentó Lupo.

El Gobierno sostiene que este modelo permitió sostener empresas públicas inviables, profundizando su dependencia del financiamiento fiscal y generando un daño económico significativo al Estado.

Proyectos sin estudios y transferencias para gastos corrientes

Linares afirmó que muchos proyectos fueron aprobados sin estudios de factibilidad, mercadeo o sostenibilidad financiera. Además, varias transferencias desde el TGN se registraron como supuestos aportes de capital, pero en la práctica se destinaron a cubrir gastos corrientes que las empresas ya no podían asumir.

“Fue un consorcio de autoridades que avalaron empresas sin ningún respaldo técnico”, remarcó el viceministro, quien advirtió que existen indicios de mal manejo, daño económico y posibles hechos de corrupción.

Una larga lista de exautoridades involucradas

Al menos una treintena de exautoridades ocuparon cargos clave en los ministerios y entidades ahora investigados. Entre 2006 y 2025, el Ministerio de Economía estuvo liderado por figuras como Luis Arce Catacora, Mario Guillén, Marcelo Montenegro, entre otros. En Desarrollo Productivo, Minería e Hidrocarburos también se sucedieron múltiples autoridades durante los gobiernos del MAS.

En el caso del Banco Central de Bolivia, la evaluación alcanza a expresidentes de la entidad que condujeron la política monetaria en distintos periodos, desde 2006 hasta 2025.

Actualmente, el Ejecutivo realiza un análisis empresa por empresa para establecer responsabilidades. La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) será la encargada de proponer acciones específicas, que luego serán evaluadas por el presidente y su gabinete.

Blindaje jurídico y obstáculos a la reestructuración

Pese al diagnóstico crítico, el Gobierno reconoce que la reestructuración o cierre de empresas públicas deficitarias enfrenta un “blindaje legal”. Así lo advirtió el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, quien señaló que leyes y decretos heredados dificultan la toma de decisiones sin riesgos legales para las autoridades actuales.

Este entramado jurídico también limita la creación de asociaciones público-privadas, ya que el Estado mantiene el control mayoritario y los privados carecen de garantías suficientes para proteger sus inversiones.

Presupuesto elevado y baja ejecución

Durante la última gestión del presidente Luis Arce, las empresas públicas concentraron más del 20% del presupuesto estatal, equivalente a Bs 95.159 millones. Sin embargo, en los primeros siete meses de 2025, su ejecución promedio fue de apenas 38,67%.

El Ministerio de Economía avalaba ampliaciones de periodos de gracia para el no pago de deuda al Banco Central.

Algunas empresas estratégicas registraron niveles críticos de ejecución presupuestaria. La Empresa Siderúrgica del Mutún ejecutó solo el 4,76% de su presupuesto; Yacana alcanzó el 5,79%; Servicios Aéreos Bolivianos (Esabol), el 8,61%; y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria, apenas el 9,30%.

Un proceso en desarrollo

El Gobierno insiste en que el proceso de evaluación será técnico y gradual, dada la diversidad de marcos jurídicos de las empresas públicas. No se descarta la necesidad de apoyo legislativo para modificar la situación actual y definir el futuro de entidades que, según el Ejecutivo, se convirtieron en una pesada carga para las finanzas públicas.