Coyuntura

El Gobierno afirma que el consumo de diésel cayó un 50% tras eliminar la subvención y frenar el contrabando

A dos semanas de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5503, el Gobierno de Bolivia asegura que el mercado de combustibles ya muestra cambios significativos. Según datos oficiales, el consumo interno de diésel se redujo cerca de un 50%, una caída que las autoridades atribuyen directamente al fin de la subvención y al combate contra el contrabando de carburantes.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, durante una conferencia en Santa Cruz, acompañado por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly. Para el Ejecutivo, esta reducción confirma que una parte importante del combustible subvencionado no se destinaba al consumo interno legítimo.

De acuerdo con Medinaceli, la eliminación del subsidio desarticuló un negocio ilegal que operaba desde hace años. “El consumo de diésel ha caído en aproximadamente un 50% y estimamos que se estabilice entre un 30 y 40%”, afirmó, señalando que esta diferencia corresponde al combustible que anteriormente era desviado al contrabando.

El Decreto 5503 se consolida como una de las decisiones económicas más polémicas y determinantes del actual escenario boliviano.

El ministro sostuvo que, antes de la medida, existía un esquema de corrupción ampliamente extendido, que generaba entre 2 y 3 millones de dólares diarios a partir de la venta ilegal de diésel boliviano en mercados vecinos, aprovechando el bajo precio interno.

Uno de los efectos más relevantes, según el Gobierno, es el ahorro de divisas. Al reducirse la demanda artificial de diésel, Bolivia necesita menos dólares para importar carburantes, lo que ayuda a aliviar la presión sobre el tipo de cambio y las reservas internacionales.

Desde el Ejecutivo se insiste en que esta corrección era inevitable, dado que el subsidio se volvió insostenible en un contexto de caída de ingresos por exportación de gas natural y aumento acelerado de las importaciones de diésel.

El Decreto Supremo 5503, defendió Medinaceli, no solo busca corregir distorsiones en el consumo, sino también garantizar el abastecimiento, eliminar las largas filas en las estaciones de servicio y restablecer un sistema ordenado de precios.

La norma recupera un modelo de precios con márgenes y referencias técnicas, similar al aplicado entre 1997 y 2000, pero adaptado a las condiciones actuales del mercado internacional y de la economía boliviana.

El ministro recordó que los precios congelados de la gasolina y el diésel se mantuvieron desde 2004, en un contexto de crisis política, y que durante años fueron sostenibles gracias al auge del gas. Sin embargo, a partir de 2015, la combinación de menores ingresos externos y mayor dependencia de las importaciones volvió inviable el esquema.

El decreto, emitido el 17 de diciembre, estableció nuevos valores para los combustibles:

  • 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial,
  • 11 bolivianos para la gasolina premium,
  • 9,80 bolivianos para el diésel, entre otros ajustes.

Estos cambios representan incrementos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto a los precios subvencionados que rigieron durante más de dos décadas.

Para mitigar el impacto del ajuste, el Gobierno acompañó la decisión con medidas sociales compensatorias, como el aumento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos, el incremento de bonos para estudiantes del sistema público y mayores rentas para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El consumo de diésel se redujo cerca de un 50%.

No obstante, la respuesta social ha sido tensa. La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene movilizaciones en La Paz desde el 22 de diciembre, exigiendo la abrogación del decreto. Aunque el Ejecutivo intentó abrir un espacio de diálogo la semana pasada sin éxito, reiteró la convocatoria a una nueva reunión.

Antes de la aplicación del decreto, las filas interminables en las estaciones de servicio se habían vuelto una imagen cotidiana desde 2024. El Gobierno asegura que esta situación ya comenzó a revertirse, aunque el debate sobre el impacto real del ajuste continúa abierto.

Mientras el Ejecutivo presenta la caída del consumo como una señal de éxito contra el contrabando, sectores sociales y sindicales advierten sobre el efecto del alza de precios en el costo de vida. En ese cruce de visiones, el Decreto 5503 se consolida como una de las decisiones económicas más polémicas y determinantes del actual escenario boliviano.

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