El Estado digital en Bolivia entra en una nueva etapa: centralización, control y gobernanza tecnológica
La transformación digital del Estado boliviano acaba de cruzar un umbral decisivo. Con la promulgación del Decreto Supremo 5519, el Gobierno reconfigura la estructura institucional que sostiene el ecosistema digital público, retirando a la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) de la Vicepresidencia y concentrando sus funciones en la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC). Más que un simple cambio administrativo, la medida revela una apuesta estratégica por centralizar la gobernanza tecnológica y fortalecer la arquitectura del llamado Estado digital.
El decreto establece un calendario claro y ordenado para la transición. La ADSIB continuará operando de manera temporal hasta mediados de enero de 2026, mientras que la AGETIC asumirá progresivamente sus competencias, con el cierre definitivo de la agencia saliente previsto para finales de febrero. Durante este proceso, el Gobierno asegura la continuidad de servicios críticos como la firma digital, la certificación electrónica y la administración del dominio “.bo”, evitando interrupciones que podrían afectar trámites públicos, contratos y procesos administrativos.
Uno de los cambios más relevantes es el traslado de la firma digital y la certificación electrónica fuera de la Vicepresidencia. Estas herramientas, fundamentales para la modernización del Estado y la despapelización de trámites, pasan a estar bajo el control de una entidad técnica especializada. El objetivo es claro: reducir la dispersión institucional, eliminar duplicidades y garantizar una gestión más eficiente y coherente de los sistemas digitales estratégicos.
La firma digital deja la Vicepresidencia y pasa a una agencia técnica especializada, marcando un giro en la gobernanza tecnológica del Estado.
La AGETIC no solo absorbe funciones, sino que amplía de manera significativa su rol. Se consolida como el eje operativo del Gobierno Electrónico, encargándose del Despacho Virtual del Presidente y del Consejo de Ministros, del soporte tecnológico al Centro de Gobierno (CENGOB) y de la administración del repositorio estatal de software libre. A esto se suma un énfasis reforzado en ciberseguridad, con mayores atribuciones para la gestión de incidentes informáticos y la protección de la información pública.
Desde una perspectiva más amplia, el Decreto 5519 se inscribe en una estrategia de austeridad y reorganización del aparato estatal, pero también en una visión de soberanía tecnológica. Centralizar plataformas, datos y certificaciones en una sola agencia busca reducir riesgos, mejorar la interoperabilidad entre instituciones y avanzar hacia un modelo de Estado más ágil, transparente y digitalmente autónomo.
La salida de la ADSIB de la Vicepresidencia y el fortalecimiento de la AGETIC marcan un punto de inflexión en la política digital de Bolivia. El Gobierno no solo redefine quién administra la tecnología pública, sino también cómo se concibe la gobernanza del Estado digital. El desafío ahora será traducir esta reestructuración institucional en servicios más eficientes, seguros y accesibles para la ciudadanía.
En un contexto donde la digitalización ya no es opcional sino estructural, la clave estará en que esta centralización técnica venga acompañada de capacidades reales, transparencia operativa y una visión de largo plazo. De ello dependerá que el Estado digital boliviano deje de ser un proyecto normativo y se convierta en una herramienta concreta de modernización y confianza pública.
