Industriales impulsan políticas públicas contra el contrabando que genera pérdidas millonarias en Bolivia

El contrabando y el comercio ilícito se han convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la industria y el empleo formal en Bolivia. Con pérdidas estimadas en alrededor de 3.000 millones de dólares, estas actividades no solo afectan a las empresas legalmente establecidas, sino que también debilitan la recaudación fiscal y distorsionan la competencia. Frente a este escenario, el sector industrial plantea la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a la formalización y al control efectivo del comercio ilegal.
Buenas prácticas contra el contrabando
Durante el Encuentro de Cámaras de Comercio Sudamericanas, realizado en Valparaíso, Chile, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) propuso promover políticas públicas que impulsen la formalización de las actividades económicas como una herramienta central para combatir el contrabando. El evento reunió a delegaciones empresariales de Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Bolivia, en un espacio de diálogo regional enfocado en el fortalecimiento del comercio formal y la cooperación interinstitucional.
En la agenda del encuentro se incluyó el análisis de experiencias, estrategias y marcos normativos para la prevención y control del comercio ilícito, así como visitas técnicas al Puerto de Valparaíso y al Servicio Nacional de Aduanas de Chile, con el objetivo de conocer de primera mano los mecanismos de fiscalización y control aduanero. La delegación boliviana estuvo conformada, entre otros, por representantes de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), reafirmando el compromiso del sector con la defensa de la producción nacional.
El contrabando genera pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares para Bolivia hasta noviembre de 2025, afectando directamente a la industria nacional y al empleo formal.
Asimismo, el presidente de la Aduana Nacional de Bolivia, Alberto Samuel Soto de la Vía, participó del encuentro y sostuvo reuniones con autoridades aduaneras chilenas, fortaleciendo los lazos de cooperación para el intercambio de información y buenas prácticas en la lucha contra el contrabando.
Gonzalo Morales, presidente de la CNI, destacó que este tipo de espacios permiten identificar problemáticas comunes en la región y avanzar hacia planes integrales. Según explicó, el contrabando genera pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares para Bolivia hasta noviembre de 2025, afectando directamente a la industria nacional y al empleo formal, por lo que resulta imprescindible coordinar acciones entre el sector privado y las autoridades gubernamentales.
Nuevas propuestas y formalizaciones
La lucha contra el contrabando exige un enfoque articulado que combine políticas públicas, fortalecimiento institucional y cooperación regional. La propuesta de la CNI de promover la formalización de la economía y reforzar los controles aduaneros apunta a construir un entorno más justo para la producción nacional y el comercio legal. En un contexto donde las pérdidas económicas son significativas, el trabajo conjunto entre el Estado y el sector empresarial se perfila como la vía más efectiva para frenar el comercio ilícito y proteger el desarrollo productivo del país.
