Gobierno proyecta reducción del déficit fiscal y contención de la inflación en 2026: un análisis integral

Tras un cierre de 2025 marcado por un déficit fiscal cercano al 12% del PIB y una inflación del 20,5%, el Gobierno de Bolivia ha delineado un ambicioso plan económico para 2026, con el objetivo de reducir el déficit al 7% del PIB y situar la inflación en un rango de 12% a 17%. El informe “De la crisis a la estabilidad económica”, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, destaca los principales lineamientos de la política fiscal y monetaria, así como los desafíos internos y externos que condicionan su éxito.
1. Ajuste fiscal como eje central
El pilar del plan es la reducción del gasto público. Entre las medidas más significativas figura la eliminación de los subsidios a combustibles, que representaban entre el 4% y 8% del PIB, y que en los primeros 22 días de implementación generaron un ahorro aproximado de 240 millones de dólares. Esta decisión no solo disminuye la presión sobre las finanzas del Estado, sino que también contribuye a limitar el contrabando de carburantes y reduce la demanda de divisas en el mercado interno.
“El déficit fiscal podría reducirse de 12% a 7% del PIB, pero requiere un ajuste profundo en planillas estatales.”
Paralelamente, se prevé una reorganización del gasto salarial del sector público, con la eliminación de ítems considerados “fantasmas o irregulares”, lo que podría implicar una reducción de entre 25% y 30% en las planillas del gobierno central. Según los economistas, alcanzar estos objetivos requerirá un ajuste profundo y sostenido, dado que solo con estas medidas se podría aspirar a reducir el déficit en aproximadamente 3.000 millones de dólares.
2. Control de la inflación y estabilización cambiaria
La inflación de 2025 estuvo estrechamente vinculada a la crisis cambiaria iniciada en 2023, caracterizada por la escasez de dólares y la aparición de un mercado paralelo con cotizaciones desbordadas. Para 2026, el Gobierno proyecta una inflación entre 12% y 17%, apoyándose en la normalización del suministro de combustibles y la estabilización del tipo de cambio, que recientemente se cotizó en 8,72 bolivianos para la compra y 8,90 para la venta del dólar.
No obstante, los economistas advierten que variables externas, como los precios internacionales de alimentos y petróleo, así como factores climáticos, podrían condicionar el éxito de estas medidas. La economía boliviana, siendo pequeña y altamente dependiente de los mercados internacionales, enfrenta un riesgo constante ante cambios externos, especialmente en el sector de hidrocarburos, donde la nación actúa simultáneamente como importador y exportador.
3. Reformas tributarias y sostenibilidad del gasto
El Gobierno también ha anunciado la reducción de alícuotas del IVA y del IUE, junto con la eliminación de multas e intereses tributarios. Estas medidas buscan aliviar la carga fiscal, incentivar el consumo y promover la formalización de la economía, aunque su impacto podría ser limitado dado que cerca del 20% de la economía opera de manera informal.

Los expertos subrayan que para que estas políticas sean sostenibles, deben ir acompañadas de una reducción efectiva del gasto público y de un plan concreto para abordar las empresas estatales deficitarias. La falta de claridad en este punto podría comprometer la eficiencia del ajuste fiscal y la contención de la inflación.
El plan económico del Gobierno para 2026 representa un esfuerzo significativo por estabilizar la economía boliviana, reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. Sin embargo, su éxito dependerá no solo de la implementación estricta de las medidas anunciadas, sino también de factores de gobernabilidad, la gestión de empresas públicas deficitarias y la capacidad del país para adaptarse a variables externas. En suma, la hoja de ruta es clara, pero los desafíos son complejos, y su efectividad se medirá en los próximos meses.
Ejemplo de valor agregado: La experiencia de otros países de la región, como Chile y Perú, indica que la eliminación gradual de subsidios y la reducción de planillas estatales son estrategias eficaces para estabilizar la economía, siempre que se combinen con medidas de transparencia, control del gasto y políticas de apoyo a los sectores más vulnerables.
