FONABOSQUE plantea giro estratégico ante crisis forestal

La ecuación forestal de Bolivia ha dejado de ser un tema ambiental para convertirse en una variable crítica del modelo económico. La aceleración de la pérdida de cobertura boscosa, combinada con la ausencia de una política nacional integral, está configurando un escenario donde los bosques pasan de ser un activo estratégico a un factor de riesgo sistémico.

En este contexto, el planteamiento de FONABOSQUE sobre la necesidad de consolidar una política nacional de conservación no solo responde a una agenda ambiental, sino a una brecha estructural en la gestión de recursos estratégicos. Con más del 48% del territorio cubierto por bosques, Bolivia posee una de las mayores reservas forestales del mundo, pero enfrenta simultáneamente uno de los procesos de degradación más acelerados, lo que evidencia una desconexión entre potencial y gobernanza.

“En 2024, Bolivia perdió 1.8 millones de hectáreas de bosque, de las cuales el 83% corresponde a bosque primario, una cifra que triplica la registrada el año anterior.”

El deterioro reciente es particularmente significativo. En 2024, el país perdió 1,8 millones de hectáreas de bosque, triplicando los niveles del año anterior, con una concentración crítica en bosques primarios. Este salto no solo posiciona a Bolivia como el segundo país con mayor pérdida de bosque nativo a nivel global, sino que introduce una presión directa sobre variables económicas clave como disponibilidad hídrica, estabilidad climática y productividad agrícola. La deforestación, en este sentido, deja de ser un fenómeno aislado y se integra al análisis de riesgo país.

El problema adquiere mayor complejidad al observar la estructura territorial. Ecosistemas como el Bosque Seco Chiquitano —uno de los corredores biológicos más extensos de Sudamérica— no solo cumplen funciones ambientales, sino que sostienen dinámicas productivas, sociales y culturales. Su degradación implica una pérdida simultánea de biodiversidad, resiliencia climática y capital social, afectando tanto a comunidades locales como a sectores económicos dependientes de estos sistemas.

A nivel institucional, el marco normativo boliviano reconoce a los bosques como recursos estratégicos, pero la brecha se encuentra en la implementación. La falta de articulación efectiva entre políticas públicas, financiamiento y ejecución limita la capacidad de respuesta frente a fenómenos como los incendios forestales, principales impulsores de la deforestación reciente. En este escenario, el rol de FONABOSQUE se posiciona como un articulador necesario, aunque insuficiente sin una estrategia de escala nacional.

“El país ascendió al segundo lugar global en pérdida de bosque nativo, con los incendios forestales como principal factor de esta aceleración.”

Desde una perspectiva económica, el manejo forestal sostenible aparece como una oportunidad subexplotada. Los bosques no solo capturan carbono —con implicaciones directas en mercados de compensación—, sino que también sostienen cadenas de valor vinculadas a productos forestales, servicios ecosistémicos y turismo. Sin embargo, la ausencia de una política clara limita la conversión de estos activos en fuentes sostenibles de ingreso y desarrollo.

El impacto también se proyecta en el ámbito social. Miles de comunidades dependen directamente de los bosques para su subsistencia, lo que convierte la degradación en un factor de vulnerabilidad estructural. La presión sobre estos ecosistemas no solo compromete la biodiversidad, sino que altera equilibrios económicos locales, incrementando riesgos de migración, informalidad y pérdida de conocimiento tradicional.

En términos regionales, la posición de Bolivia dentro del ranking global de deforestación redefine su perfil frente a mercados internacionales cada vez más sensibles a criterios ambientales. La presión regulatoria y reputacional puede traducirse en restricciones comerciales, particularmente en sectores vinculados a cadenas de suministro sostenibles, lo que amplifica la necesidad de una respuesta estratégica.

“Más del 48% del territorio boliviano está cubierto por bosques, lo que los posiciona como un activo estratégico tanto para la economía como para la sostenibilidad.”

El desafío, por tanto, no es únicamente ambiental, sino de modelo de desarrollo. La consolidación de una política nacional de conservación forestal implica redefinir la relación entre crecimiento económico y uso de recursos naturales, incorporando criterios de sostenibilidad en la planificación productiva.

La trayectoria futura dependerá de la capacidad del país para transformar un activo natural en una ventaja competitiva sostenible. Sin una intervención estructural, el actual ritmo de degradación no solo compromete el capital natural, sino que reconfigura las bases económicas sobre las que se sostiene el crecimiento.