Gobierno de Fujimori ofrece reglas claras al sector privado
La estabilidad jurídica ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda económica peruana. En un país que durante los últimos años ha combinado fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos con una elevada volatilidad política, el desafío ya no pasa únicamente por atraer capitales, sino por reconstruir la confianza necesaria para que las decisiones de inversión se transformen en proyectos de largo plazo.
En ese contexto, la presidenta Keiko Fujimori ha planteado que su administración garantizará estabilidad jurídica y un clima adecuado para invertir, ubicando a la inversión privada entre los principales motores de la recuperación económica. El mensaje no es menor. Perú llega a una nueva etapa política después de varios años marcados por cambios presidenciales, confrontaciones institucionales y una creciente cautela del sector empresarial frente a la incertidumbre regulatoria.
Sin embargo, la promesa de estabilidad jurídica tiene una dimensión más profunda que la mera seguridad contractual. Para los inversionistas, el concepto incorpora previsibilidad regulatoria, capacidad institucional, respeto a las reglas de mercado y una menor exposición a cambios abruptos de política pública. En otras palabras, la confianza no depende únicamente de los discursos gubernamentales, sino de la capacidad del Estado para ofrecer señales consistentes en el tiempo. Perú cuenta incluso con mecanismos formales de garantías para inversionistas nacionales y extranjeros, diseñados precisamente para reforzar esa previsibilidad.
“La estabilidad jurídica y las reglas claras reaparecen como eje central de la estrategia económica del nuevo gobierno peruano para recuperar la confianza de los inversionistas.”
La relevancia de este debate se amplifica por el peso que tiene la inversión privada en la economía peruana. Sectores como minería, infraestructura, energía, logística y agroindustria requieren horizontes de planificación extensos y compromisos de capital que pueden extenderse durante décadas. En estos mercados, cualquier percepción de riesgo institucional tiende a traducirse en retrasos, reevaluaciones o redireccionamiento de recursos hacia otros destinos de la región.
El énfasis del nuevo gobierno también refleja una tendencia observada en América Latina. En un entorno global donde el capital compite entre múltiples jurisdicciones, los países buscan diferenciarse mediante estabilidad regulatoria, disciplina macroeconómica y mayor certidumbre para los negocios. La competencia por atraer inversión ya no se limita a incentivos tributarios o disponibilidad de recursos naturales; cada vez más depende de la calidad institucional y de la capacidad de ejecución de los gobiernos.
Para el sector empresarial peruano, la señal enviada desde el Ejecutivo puede interpretarse como un intento de reposicionar la inversión privada como eje del crecimiento económico. No obstante, el mercado observará con atención la traducción práctica de esas promesas. La velocidad de aprobación de proyectos, la reducción de barreras burocráticas, la resolución de conflictos sociales vinculados a inversiones y la coordinación entre instituciones públicas serán factores determinantes para evaluar la credibilidad del mensaje.
“La apuesta por atraer capital privado se presenta como una de las principales herramientas para impulsar crecimiento, empleo formal y mayor actividad económica.”
Existe además un componente político inevitable. El retorno del fujimorismo al poder ocurre en un escenario de alta polarización y expectativas divididas. Esto implica que las decisiones económicas del gobierno estarán sometidas a un escrutinio particularmente intenso tanto por parte de los mercados como de los distintos actores políticos y sociales. La estabilidad jurídica prometida deberá sostenerse en un entorno donde la legitimidad institucional será tan relevante como los indicadores económicos.
El verdadero impacto de esta estrategia no se medirá por la reacción inmediata de los inversionistas, sino por la capacidad del país para convertir la confianza en nuevos proyectos, empleo y expansión productiva. En economías que buscan acelerar su crecimiento, la estabilidad jurídica suele ser una condición necesaria, pero rara vez suficiente. La prueba para el gobierno peruano será demostrar que las garantías anunciadas pueden transformarse en resultados tangibles y sostenibles en el tiempo.
