Senador Roca alerta por gas comprometido para proyecto de criptominería
El debate sobre la criptominería en Bolivia dejó de concentrarse únicamente en la actividad digital. Ahora alcanza una cuestión mucho más sensible para la economía: el destino de los recursos energéticos y las condiciones bajo las cuales el Estado puede comprometer capacidad de generación para proyectos privados.
Un informe parlamentario elaborado por el senador Leonardo Roca sostiene que Chaco Energías habría comprometido volúmenes de gas natural durante 10 años para generar electricidad destinada a un proyecto de criptominería. El planteamiento adquiere mayor relevancia porque la denuncia se produce en un escenario de presión sobre el abastecimiento energético interno.
La controversia, sin embargo, no está cerrada. Chaco Energías rechazó que exista actualmente un suministro comercial de electricidad para la operación de criptominería. Su gerente general afirmó que no se firmó un contrato ni se realizaron desembolsos con ese propósito, y explicó que la empresa privada había manifestado interés en adquirir hasta 27 MW, mientras la planta administrada por Chaco Energías tendría una capacidad de generación muy superior.
“La decisión de comprometer, por diez (10) años, volúmenes de gas natural para generación eléctrica destinada a un privado” genera cuestionamientos en el informe parlamentario.
El punto estratégico está precisamente en esa diferencia entre interés comercial, infraestructura proyectada y suministro efectivo. La existencia de conversaciones o de una intención de compra no equivale necesariamente a una operación energética consolidada. Por eso, el debate empresarial y regulatorio pasa por determinar qué compromisos fueron asumidos, bajo qué condiciones y qué autorizaciones respaldaron cada etapa del proyecto.
La discusión también expone una brecha regulatoria. El informe parlamentario plantea la necesidad de establecer una normativa específica para la minería de criptomonedas y activos digitales, con reglas sobre transparencia, consumo energético y distribución de riesgos.
El caso adquiere otra dimensión al considerar que la criptominería es una actividad particularmente intensiva en electricidad. Cualquier modelo que busque atraer este tipo de operaciones necesita evaluar no solo la disponibilidad temporal de energía, sino también su costo, origen, infraestructura requerida y efecto sobre otros consumidores.
“No se puede hipotecar la seguridad energética de Bolivia” si existen condiciones que, según el informe, no han sido transparentadas.
En paralelo, las denuncias han abierto cuestionamientos sobre la gestión interna de Chaco Energías. Un exdirector de la compañía afirmó posteriormente que solicitó en tres ocasiones una inspección relacionada con el proyecto y que no obtuvo autorización antes de ser removido del directorio. Su versión añade presión sobre la necesidad de esclarecer cómo avanzaron las conversaciones y qué información estuvo disponible para los órganos de decisión.
Desde una perspectiva económica, el caso plantea una discusión que trasciende a una empresa o a una operación concreta: si Bolivia pretende captar nuevos negocios digitales intensivos en energía, deberá definir qué condiciones justifican asignar recursos energéticos a estas actividades. La cuestión no es solamente cuánto puede consumir un proyecto, sino quién asume el costo y qué prioridad tiene frente a otras necesidades productivas.
El escenario también muestra el desafío para las empresas estatales que buscan monetizar capacidad disponible. Utilizar excedentes de generación puede convertirse en una alternativa para mejorar la utilización de activos, pero requiere contratos transparentes, reglas verificables y una delimitación clara entre capacidad disponible y recursos estratégicos comprometidos a largo plazo.
El informe plantea una Ley de Minería de Criptomonedas y Activos Digitales con reglas claras, transparencia y modelos de riesgo compartido.
Por ahora, existen versiones contrapuestas sobre el alcance real del proyecto. La denuncia parlamentaria apunta a compromisos de largo plazo, mientras Chaco Energías sostiene que no existe suministro comercial. La resolución de esa diferencia dependerá de la documentación contractual, las autorizaciones regulatorias y la trazabilidad de las decisiones adoptadas.
Más allá del desenlace político, el caso deja una señal relevante para el mercado: la llegada de industrias digitales de alto consumo energético puede obligar a Bolivia a redefinir cómo asigna, regula y valoriza su infraestructura energética. La criptominería puede representar una nueva demanda, pero su viabilidad dependerá de que el marco energético avance al mismo ritmo que el negocio digital.
