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Arancel Aduanero de Importaciones 2026: ajustes clave y su impacto en la competitividad productiva de Bolivia

A partir del 1 de enero de 2026, el Arancel Aduanero de Importaciones entra en vigencia como uno de los principales instrumentos de ordenamiento del comercio exterior boliviano. Aprobado mediante la Resolución Ministerial 557 por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, este nuevo marco normativo consolida y actualiza la estructura arancelaria nacional, incorporando modificaciones en la nomenclatura, ajustes en los niveles de gravamen y la inclusión de mercancías con alícuota cero. Su disponibilidad digital y de libre acceso refuerza la transparencia y facilita su aplicación por parte de los distintos actores del comercio exterior.

«El Arancel Aduanero de Importaciones 2026 consolida cambios clave en nomenclatura, alícuotas y mercancías estratégicas para la producción nacional.»

Uno de los aspectos más relevantes del arancel 2026 es la incorporación expresa de las disposiciones del Decreto Supremo 5503, que establece alícuotas del 0% para la importación de maquinaria, equipos y unidades funcionales destinadas a sectores estratégicos como la industria alimenticia, agroalimentaria, textil y metalúrgica. Asimismo, se incluyen exenciones para insumos clave como neumáticos, aceites lubricantes, baterías y repuestos de vehículos automotores debidamente identificados. Estas medidas apuntan a reducir los costos de producción e inversión, facilitando la modernización tecnológica y el acceso a bienes de capital esenciales para el desarrollo industrial.

«La aplicación de alícuotas 0% busca reducir costos en sectores productivos afectados por el incremento del precio de los combustibles.»

La actualización del arancel se da en un contexto económico complejo, marcado por la eliminación de la subvención a los combustibles, que derivó en un aumento significativo de los costos logísticos y productivos. Frente a este escenario, el Arancel Aduanero de Importaciones 2026 funciona como un mecanismo de alivio parcial, orientado a contener el encarecimiento de bienes e insumos estratégicos. En el mediano plazo, su correcta aplicación puede contribuir a mejorar la competitividad del aparato productivo nacional, brindar mayor claridad normativa a los operadores de comercio exterior y generar condiciones más favorables para la inversión y el crecimiento económico sostenido.