Coyuntura

Bloqueos y economía: el alto costo de la conflictividad social en Bolivia

La conflictividad social vuelve a mostrar su impacto más severo sobre la economía boliviana. En apenas cinco días de bloqueos de caminos, impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores en rechazo al Decreto Supremo 5503, el país registró pérdidas estimadas en 500 millones de dólares, una cifra que refleja no solo un daño financiero inmediato, sino también consecuencias profundas en la producción, el abastecimiento y la estabilidad social. Analizar estos efectos permite dimensionar cómo las medidas de presión prolongadas afectan de forma directa a la población y a los sectores productivos estratégicos.

De acuerdo con estimaciones oficiales y empresariales, los bloqueos generan una afectación diaria cercana a los 100 millones de dólares, recursos que no pueden recuperarse incluso después de restablecer la circulación. A diferencia de otros shocks económicos, el impacto de estas interrupciones se concentra en actividades sensibles al tiempo, como la producción de alimentos perecederos, el transporte y el comercio exterior. Productos como leche, pollo, huevo, frutas y hortalizas que no logran llegar a los mercados se pierden de manera definitiva, provocando escasez y presiones inflacionarias que golpean directamente al consumidor final.

El sector empresarial ha declarado estado de emergencia. Solo en Cochabamba, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios reportó pérdidas inmediatas por 190 millones de bolivianos, además de más de 1.000 millones de bolivianos comprometidos en operaciones de exportación e importación paralizadas. Desde el agro, el impacto es igualmente crítico: el sector avícola pierde alrededor de 15 millones de bolivianos diarios, mientras que exportaciones clave, como la banana con destino a Argentina, corren el riesgo de perder mercados consolidados que generan decenas de millones de dólares al año.

En solo cinco días, los bloqueos generaron pérdidas estimadas en $us 500 millones, recursos que no podrán recuperarse.

El turismo, uno de los motores económicos en temporada alta, se encuentra entre los rubros más golpeados. Las cancelaciones de viajes y la paralización del transporte interdepartamental generan pérdidas diarias de entre 3 y 5 millones de dólares, afectando a hoteles, operadores turísticos y servicios asociados. A esto se suma la suspensión total de salidas desde varias terminales del país y el bloqueo de rutas internacionales hacia Perú y Chile, lo que agrava la situación del transporte pesado y del comercio exterior.

Más allá de las cifras, el debate se traslada al plano institucional y social. Representantes empresariales cuestionan que el derecho a la protesta termine vulnerando derechos fundamentales como el libre tránsito, el trabajo, la salud y la seguridad alimentaria. En este contexto, resurgen las demandas para que la Asamblea Legislativa avance en marcos normativos que regulen y sancionen los bloqueos como mecanismo de presión, buscando un equilibrio entre la protesta social y la protección de la economía nacional.

Los bloqueos de caminos no solo detienen vehículos: paralizan cadenas productivas, erosionan la confianza económica y trasladan costos directos a la población. Las pérdidas acumuladas en pocos días evidencian la fragilidad de sectores clave frente a conflictos prolongados y la urgencia de mecanismos de diálogo más efectivos. Mientras persisten decenas de puntos de bloqueo y se anuncia una posible radicalización de las medidas, el desafío para Bolivia no es únicamente levantar las rutas, sino construir soluciones que eviten que la protesta social siga teniendo como principal víctima a la economía y al bienestar de los ciudadanos.

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