Bolivia en la lista gris del GAFI: entre compromisos incumplidos y desafíos legislativos
Bolivia vuelve a estar en la mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras ser incluida nuevamente en su “lista gris”, una categoría que señala a los países con debilidades estratégicas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta decisión pone al país bajo una supervisión internacional más estricta y plantea interrogantes sobre la eficacia institucional y política para enfrentar los delitos financieros en un contexto global cada vez más exigente.
El anuncio se dio durante una sesión plenaria en Estrasburgo, Francia, organizada por el GAFI junto a Moneyval, su brazo evaluador regional. En dicha sesión, se evidenció que Bolivia, si bien ha realizado progresos importantes en la adecuación de su marco regulatorio, aún carece de una normativa esencial que permita aplicar técnicas modernas de investigación financiera. La ausencia de herramientas como agentes encubiertos o entregas controladas obstaculiza seriamente la detección y el combate de delitos financieros complejos.
Sin herramientas como agentes encubiertos, es imposible enfrenar delitos financieros complejos.
Desde el Gobierno boliviano se reconoce esta debilidad. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha señalado que el país ha cumplido con más del 90% de las recomendaciones técnicas del GAFI. Sin embargo, el principal escollo ha sido la falta de una ley integral que permita operacionalizar estas recomendaciones. En concreto, se trata de una norma que, según el Ejecutivo, ya estaba planteada en la fallida Ley 1386, retirada en 2021 tras fuertes protestas sociales y rechazo político.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que la reincorporación a esta lista es una señal de alerta que no debe subestimarse. Bolivia podría escalar a la “lista negra” si no toma medidas rápidas, lo que implicaría consecuencias más severas para su reputación financiera internacional, encarecimiento de transacciones y una mayor desconfianza de los inversores.
Lo que falta es una ley que le dé al Estado boliviano la seriedad que exige GAFI.
La nueva inclusión en la lista gris exige al país la presentación de un plan de acción claro y medible, lo que incluye el envío de un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo se comprometió a avanzar en coordinación con los legisladores, aunque el clima político actual podría volver a dificultar su aprobación.
Por su parte, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) manifestó su disposición a colaborar con las medidas de prevención contra el lavado de dinero y reiteró su compromiso con estándares internacionales. Sin embargo, en un sistema en el que el marco legal carece de instrumentos robustos, el esfuerzo privado resulta insuficiente.
La reincorporación de Bolivia a la lista gris del GAFI no es solo un revés técnico: es una advertencia política, institucional y financiera. Más allá de los avances parciales, el país enfrenta una disyuntiva crucial. O impulsa una legislación moderna que permita combatir eficazmente los delitos financieros, o arriesga quedar aislado en un escenario económico global que exige transparencia, cooperación y solidez normativa. La acción debe ser inmediata, coordinada y libre de cálculos políticos si Bolivia quiere salir de esta clasificación con credibilidad restaurada.
