Bolivia frente al reto estructural de la informalidad: cinco ejes para cambiar el sistema tributario
Con una informalidad que supera el 80% de la fuerza laboral, Bolivia enfrenta uno de los desafíos estructurales más complejos de su economía. No se trata solo de cifras, sino de un modelo productivo donde la mayoría de los trabajadores opera sin acceso pleno a derechos laborales, beneficios sociales o financiamiento formal.
En este escenario, el Gobierno presentó la Ley de Transparencia y Alivio Tributario, un paquete de cinco medidas orientadas a facilitar la transición hacia la formalidad. La propuesta combina incentivos, condonaciones y simplificación tributaria, con la intención de ampliar la base de contribuyentes y dinamizar la recaudación en un contexto de restricciones fiscales.
El primer eje introduce un régimen tributario simplificado y voluntario dirigido a pequeños contribuyentes con ventas anuales menores a Bs 400.000. Este nuevo esquema —denominado Régimen SIETE–RG— integra varios impuestos en un solo pago bimensual del 5% sobre ventas. La lógica detrás de esta medida es clara: reducir la complejidad y el costo de formalizarse. Sectores como gastronomía, construcción y servicios podrían emitir facturas sin trámites extensos ni cargas administrativas desproporcionadas.
La propuesta incluye condonación total de deudas anteriores a 2017 para montos menores a Bs 10 millones.
El segundo componente reduce el plazo de fiscalización tributaria de ocho a cuatro años y establece límites temporales para los procesos administrativos. Esta modificación apunta a reforzar la seguridad jurídica y equilibrar responsabilidades entre contribuyente y Estado. En un entorno donde los procesos pueden extenderse casi una década, acotar tiempos podría disminuir la percepción de riesgo de formalización.
Uno de los puntos más sensibles es la condonación total de deudas tributarias anteriores a 2017 para montos menores a Bs 10 millones. La medida busca reincorporar a pequeños y medianos contribuyentes que quedaron paralizados por obligaciones acumuladas durante años. Más que un perdón fiscal, el enfoque se presenta como una estrategia de reintegración económica.
Para deudas generadas desde 2018, el proyecto contempla la eliminación de intereses y multas, manteniendo el pago del tributo actualizado, además de habilitar planes de pago de hasta 24 meses. Esta fórmula combina alivio financiero con recuperación de ingresos para el Tesoro General, un punto clave en medio de limitaciones de liquidez estatal.
El nuevo régimen simplificado plantea un pago único del 5% bimensual para pequeños contribuyentes con ventas menores a Bs 400.000 anuales.
Finalmente, la propuesta de transparentar el IVA fijándolo explícitamente en 13% —en lugar de su cálculo “por dentro” que eleva la tasa efectiva— apunta a simplificar la comprensión tributaria y reducir errores en facturación. La claridad en la alícuota podría disminuir conflictos y fiscalizaciones innecesarias.
No obstante, expertos advierten que el problema de la informalidad en Bolivia no es coyuntural, sino estructural. La baja tasa de desempleo contrasta con altos niveles de precariedad y autoempleo. Por ello, el impacto real de estas medidas dependerá no solo de su aprobación legislativa, sino de su capacidad para generar confianza, estabilidad y crecimiento sostenible.
La Ley de Transparencia y Alivio Tributario plantea un cambio de enfoque: pasar de un sistema percibido como punitivo a uno más accesible y predecible. Condonaciones, simplificación y reducción de cargas pueden convertirse en incentivos poderosos para ampliar la base formal.
Sin embargo, la formalización no se logra únicamente con ajustes fiscales. Requiere dinamismo económico, acceso a crédito, estabilidad normativa y coordinación política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si estos cinco ejes logran traducirse en mayor productividad y confianza, Bolivia podría dar un paso significativo hacia una economía más equilibrada y sostenible.
