Bolivia lidera Latinoamérica en medidas de alivio crediticio: análisis y perspectiva
La crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 obligó a los países latinoamericanos a implementar políticas emergentes para proteger a hogares y empresas. Entre estas, destacan los programas de alivio crediticio, diseñados para reducir la presión financiera sobre prestatarios afectados por la paralización de actividades económicas. Bolivia, en particular, se ha posicionado como líder en la región, acumulando un número sin precedentes de decretos y leyes que buscan mitigar los efectos de la crisis sobre ciudadanos y microempresas.
Política sostenida y normativa acumulativa
A diferencia de otros países que implementaron alivios de forma temporal o focalizada, Bolivia ha consolidado un marco normativo amplio y continuo. Desde 2020 se promulgaron seis decretos supremos (4206, 4248, 4318, 4409, entre otros) y la Ley 1670, recientemente reglamentada por el Decreto Supremo 5503. Estas normas establecen mecanismos de diferimiento y reprogramación de créditos, especialmente dirigidos a sectores vulnerables como vivienda social y microempresas productivas.
“Entre abril de 2024 y marzo de 2025, Bolivia reprogramó más de 63.000 créditos por Bs 12.050 millones.”
El beneficio permite diferir pagos hasta seis meses, con intereses corrientes pero sin penalizaciones adicionales, y excluye únicamente a prestatarios con procesos judiciales en curso. Este enfoque refleja un compromiso sostenido del Estado boliviano por mantener la estabilidad financiera de sus ciudadanos, más allá de medidas aisladas.
Impacto cuantitativo y alcance del alivio
Las cifras oficiales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) evidencian la magnitud de estas políticas: entre abril de 2024 y marzo de 2025, se registraron 63.545 operaciones de reprogramación por Bs 12.050 millones, y 120.492 operaciones de refinanciamiento por Bs 10.689 millones. En 2024, los datos fueron similares, con más de 57.000 créditos reprogramados y 116.000 operaciones de refinanciamiento, consolidando una tendencia de uso creciente y normalización de los mecanismos de alivio.
Comparativamente, otros países de la región —como Brasil, Ecuador o Chile— mantuvieron programas focalizados, pero no han alcanzado la misma frecuencia ni amplitud de medidas, situando a Bolivia a la cabeza de iniciativas extraordinarias de reprogramación crediticia.
Advertencias y desafíos del sistema financiero
Si bien los beneficios han sido significativos para prestatarios, los bancos privados han alertado sobre los riesgos de prolongar estas medidas. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) indica que hasta el 62% de la cartera en mora está vinculada a créditos reprogramados, con un saldo pendiente de recuperación cercano a 784 millones de dólares.
El economista Fernando Romero advierte que estas políticas no atacan la crisis económica estructural, sino que actúan como una “anestesia” temporal. Según su análisis, el diferimiento impuesto por el Estado difiere de un acuerdo voluntario entre banco y cliente, y puede generar efectos acumulativos adversos, además de enviar señales mixtas a depositantes y futuros prestatarios.
Bolivia ha demostrado un compromiso excepcional con el alivio crediticio, implementando políticas que buscan sostener hogares y microempresas durante la recuperación económica. Sin embargo, estas medidas no son soluciones definitivas a problemas estructurales, y plantean desafíos para la sostenibilidad del sistema financiero.
El país enfrenta el reto de equilibrar el alivio temporal con políticas económicas de largo plazo, promoviendo incentivos que fortalezcan la solvencia de prestatarios y la estabilidad del sector bancario. En un contexto de incertidumbre y transformación económica, las decisiones que se tomen hoy definirán la resiliencia financiera de Bolivia en los próximos años.
