Bolivia volverá a un régimen de precios para los combustibles tras casi tres décadas
Bolivia se prepara para un cambio estructural en la política de precios de los carburantes. Una vez concluido el periodo de seis meses establecido en el Decreto Supremo 5503, el país retornará a un régimen de precios para los derivados del petróleo, un esquema que no se aplicaba desde hace 28 años.
El anuncio fue realizado por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, durante una conferencia de prensa en Santa Cruz, donde explicó los alcances del Título VI del decreto, referido a la estabilización de precios de combustibles y energía. La norma fijó nuevos valores para el gas natural vehicular (GNV), la gasolina y el diésel, con el objetivo de enfrentar una coyuntura económica cada vez más compleja.
Un cambio con objetivos claros
Según el ministro, la medida busca garantizar el abastecimiento interno, reducir las largas filas en estaciones de servicio, mantener la estabilidad económica y ordenar el consumo de combustibles. Medinaceli subrayó que el decreto no responde simplemente a un ajuste fiscal, sino a una metodología técnica de formación de precios, basada en criterios económicos y operativos.
Los próximos seis meses serán clave para definir si este retorno se convierte en una solución estructural o en una medida transitoria dentro de un escenario aún incierto.
“No se trata solo de subir precios; hay una lógica estructural detrás de esta decisión”, remarcó la autoridad, al defender la necesidad de reformular el esquema vigente.
Un modelo que no se aplicaba desde 1997
El retorno al régimen de precios recuerda al sistema instaurado en 1997, durante el gobierno de Hugo Bánzer, mediante el Decreto Supremo 24914. Aquella normativa establecía el precio final de los combustibles a partir de distintos componentes, como costos preterminales, márgenes de almacenamiento, distribución y comercialización en estaciones de servicio.
De acuerdo con Medinaceli, el nuevo decreto retoma esa lógica, incorporando anexos técnicos con precios de referencia, márgenes definidos y un nuevo esquema de relación entre YPFB y los productores.
Uno de los puntos clave es el incremento del precio que YPFB pagará a los productores, una medida orientada a incentivar inversiones en la producción de líquidos. El impacto esperado, según el Ministerio, sería un aumento aproximado del 11% en la producción.
Más recursos para regiones y universidades
El Gobierno sostiene que el nuevo esquema también tendrá un efecto positivo en la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que se traduciría en mayores recursos para gobernaciones, municipios y universidades públicas.
Medinaceli destacó que, pese a la caída en la producción de gas, Bolivia aún mantiene niveles relevantes de producción de líquidos, especialmente condensados, lo que permitiría sostener este nuevo modelo en el corto y mediano plazo.
Un subsidio cada vez más difícil de sostener
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo para justificar el cambio es la insostenibilidad del sistema de precios congelados. La disminución de los ingresos por exportación de gas natural y el fuerte incremento de las importaciones de diésel han elevado de forma significativa el costo del subsidio estatal.
“El diseño legal del sector fue pensado para cosechar y no para sembrar”, advirtió el ministro, al señalar que el actual contexto obliga a replantear la estructura del mercado de hidrocarburos.
Visiones críticas: aún no es una victoria
Desde el ámbito técnico y académico, las opiniones son más cautelosas. El analista y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, valoró el levantamiento parcial de la subvención, pero cuestionó la forma en que se está implementando.
A su juicio, los precios no debieron fijarse por un periodo de seis meses, sino ajustarse directamente en función del precio internacional del petróleo y el tipo de cambio, algo que —según afirma— todavía no se ha definido con claridad.
Ríos sostuvo que solo se podrá hablar de éxito cuando exista un mercado plenamente funcional, con competencia real entre el sector privado y YPFB, dentro de un régimen de estabilización transparente.
La incertidumbre del mercado internacional
En la misma línea, Pedro Torquemada, exvicepresidente de Operaciones de YPFB, advirtió que aún no hay claridad sobre el mecanismo que adoptará el Gobierno. Señaló que, si se toma como referencia el precio internacional del crudo, será imprescindible establecer límites mínimos y máximos.
Bolivia retornará a un régimen de precios para los derivados del petróleo, un esquema que no se aplicaba desde hace 28 años.
“El precio del petróleo está fuertemente influenciado por factores geopolíticos”, explicó, mencionando conflictos como la tensión entre Rusia y Ucrania, así como la situación política entre Venezuela y Estados Unidos, que pueden generar alta volatilidad en el mercado.
Un retorno con más preguntas que respuestas
El anuncio marca un punto de inflexión en la política energética boliviana, pero también abre un debate profundo sobre el modelo económico, la sostenibilidad fiscal y el rol del Estado en el mercado de combustibles. Tras casi tres décadas sin un régimen formal de precios, Bolivia enfrenta el desafío de equilibrar estabilidad social, incentivos a la inversión y una realidad económica cada vez más restrictiva.
Los próximos seis meses serán clave para definir si este retorno se convierte en una solución estructural o en una medida transitoria dentro de un escenario aún incierto.
