Bolivia y el liderazgo regional en alivio crediticio: una política extendida más allá de la pandemia
La crisis provocada por la pandemia del Covid-19 obligó a los países de América Latina a implementar medidas excepcionales para sostener a familias y empresas ante la abrupta caída de ingresos. Entre las herramientas más utilizadas estuvieron los programas de alivio crediticio, diseñados inicialmente como respuestas temporales para evitar un colapso financiero y social. Sin embargo, mientras en la mayoría de los países estas políticas se redujeron progresivamente, Bolivia siguió un camino distinto, consolidándose como el país con mayor número de medidas extraordinarias de diferimiento y reprogramación de créditos en la región.
Alivio crediticio en Bolivia
Desde 2020, el Estado boliviano ha desplegado un conjunto sostenido de normas orientadas a flexibilizar las obligaciones financieras de los prestatarios. De acuerdo con registros oficiales, en poco más de cinco años se aprobaron al menos seis decretos supremos y una ley específica con el objetivo de aliviar la carga crediticia, especialmente para sectores considerados vulnerables. Estas disposiciones incluyeron diferimientos automáticos, ampliaciones de plazos y condiciones especiales para la reprogramación de deudas dentro del sistema financiero.
El punto más reciente de esta política fue la aprobación del Decreto Supremo 5503, emitido en diciembre de 2025, que posicionó a Bolivia a la cabeza del ranking latinoamericano en este tipo de intervenciones. Esta norma reglamenta la Ley 1670 y establece un diferimiento obligatorio de hasta seis meses para créditos de vivienda social y para préstamos productivos de micro y pequeñas empresas, siempre que el beneficiario lo solicite de manera expresa. Aunque el capital diferido continúa generando intereses corrientes, la medida excluye multas y penalizaciones adicionales, lo que representa un alivio inmediato para los deudores con dificultades de liquidez.
A diferencia de otros países de la región —como Brasil, Chile o Uruguay— donde los alivios crediticios se mantuvieron de forma focalizada y con fecha de caducidad, en Bolivia estas medidas se han ido acumulando y extendiendo en el tiempo. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, durante la pandemia las moratorias crediticias fueron concebidas como instrumentos transitorios que no implicaban un costo fiscal directo, pero sí un esfuerzo significativo para las entidades financieras. En el caso boliviano, esa excepcionalidad terminó convirtiéndose en una práctica recurrente.
El caso boliviano se ha convertido en una excepción dentro del panorama latinoamericano en materia de alivio crediticio.
Las cifras oficiales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero reflejan la magnitud de este fenómeno. Entre abril de 2024 y marzo de 2025 se registraron más de 63.000 operaciones de reprogramación de créditos por un monto superior a los Bs 12.000 millones, además de más de 120.000 refinanciamientos que superaron los Bs 10.600 millones. Tendencias similares ya se habían observado en 2024 y, en menor escala, desde 2022, lo que evidencia una normalización progresiva de estos mecanismos dentro del sistema financiero.
No obstante, esta estrategia no está exenta de riesgos. Desde la banca privada se ha advertido que la prolongación de los alivios crediticios podría deteriorar la calidad de la cartera. Datos citados por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia indican que una parte significativa de la mora actual está asociada a créditos previamente reprogramados, con saldos pendientes de recuperación que alcanzan cientos de millones de dólares.
A estas preocupaciones se suman las observaciones de analistas económicos. Para el economista Fernando Romero, estas políticas actúan como un paliativo temporal que no resuelve los problemas estructurales de la economía. En su análisis, el uso reiterado de diferimientos impuestos por el Estado puede generar señales negativas para ahorristas, inversionistas y futuros prestatarios, además de crear un efecto acumulativo difícil de revertir si no se acompaña de una recuperación económica sostenida.
La estabilidad y el alivio crediticio presentes
El caso boliviano se ha convertido en una excepción dentro del panorama latinoamericano en materia de alivio crediticio. Lo que comenzó como una respuesta de emergencia ante la pandemia derivó en una política prolongada que ha beneficiado a miles de prestatarios, pero que también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo. El desafío ahora consiste en encontrar un equilibrio entre la protección social y la estabilidad del sistema financiero, evitando que las soluciones de corto plazo se transformen en obstáculos para el crecimiento económico futuro.
