Bolivia y la normalización del conflicto social: radiografía de un 2025 sin precedentes

Bolivia cerró el año 2025 con un dato que vuelve a encender las alertas regionales: 841 conflictos sociales registrados en una sola gestión, el mayor número reportado en América Latina. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado o coyuntural, esta cifra confirma una tendencia estructural que atraviesa décadas y que hoy se consolida como parte del comportamiento cotidiano de la sociedad boliviana. Más allá del cambio de gobierno y de una leve reducción en los últimos meses del año, el conflicto parece haberse convertido en una constante antes que en una excepción.

Los datos de la Defensoría del Pueblo revelan una distribución desigual de los conflictos a lo largo del año. Los dos primeros trimestres concentraron la mayor presión social, con 201 y 267 conflictos respectivamente, coincidiendo con un escenario de crisis económica y alta incertidumbre política. En contraste, el tercer y cuarto trimestre mostraron cifras ligeramente menores —186 y 187 casos—, lo que sugiere un descenso moderado tras el cambio de administración gubernamental.

Sin embargo, esta reducción no altera el diagnóstico de fondo. Según la Unidad de Diálogo y Cultura de la Paz de la Defensoría, Bolivia mantiene desde hace medio siglo un patrón promedio de 362 conflictos anuales, lo que ya implica una conflictividad elevada. El registro de 2025 más que duplica esa media histórica, confirmando que el año pasado fue especialmente tenso incluso para los estándares nacionales.

“Aunque hubo un leve descenso tras el cambio de gobierno, Bolivia sigue siendo el país más conflictivo de América Latina.”

Uno de los rasgos más relevantes del periodo analizado es la naturaleza de las demandas. La mayoría de las protestas tuvo un eje económico, reflejando el impacto directo de la inflación, el empleo precario, el acceso a recursos y la percepción de deterioro en las condiciones de vida. En este contexto, el conflicto deja de ser un evento espontáneo para convertirse en una herramienta recurrente de presión social y negociación política.

Desde una perspectiva regional, el dato es aún más contundente. En América Latina, los países catalogados como altamente conflictivos son aquellos que superan los 300 conflictos anuales. Bolivia no solo rebasa ese umbral, sino que lo triplica, consolidándose como el país con mayor nivel de conflictividad social de la región.

Este escenario plantea una reflexión más profunda: la protesta ya no se percibe como una anomalía, sino como una forma habitual de interacción entre ciudadanía, Estado y actores económicos. La recurrencia diaria de conflictos en distintos puntos del país evidencia una normalización de la tensión social, donde el desacuerdo permanente reemplaza al diálogo institucional como primer recurso.

El balance de 2025 confirma que la conflictividad en Bolivia no responde únicamente a coyunturas políticas o a crisis puntuales, sino a un modelo social en el que el conflicto se ha integrado a la vida cotidiana. Aunque el cambio de gobierno produjo una leve disminución en la intensidad de las protestas, el país continúa liderando los indicadores regionales de tensión social.

Más que contabilizar conflictos, el desafío hacia adelante consiste en comprender sus causas estructurales y repensar los mecanismos de diálogo, prevención y resolución. De lo contrario, la protesta seguirá siendo la norma y no la excepción, perpetuando un ciclo que limita la estabilidad institucional, la confianza ciudadana y las posibilidades de desarrollo sostenible.