Bonos de carbono y conservación de bosques en Latinoamérica: el nuevo frente de la sostenibilidad regional
Introducción
América Latina se encuentra en un punto decisivo en su transición hacia una economía baja en carbono. Con una de las mayores reservas forestales del planeta y una creciente presión internacional por reducir las emisiones, la región empieza a mirar con nuevos ojos los bonos de carbono como un mecanismo no solo financiero, sino estratégico, para conservar sus ecosistemas y dinamizar su desarrollo sostenible.
La reciente Conferencia Internacional sobre Bonos de Carbono y Conservación de Bosques, celebrada en Santa Cruz, reunió a especialistas, juristas y empresarios para debatir cómo este instrumento puede convertirse en un motor de cambio climático positivo. Los casos de Paraguay, Bolivia y la empresa boliviana Exomad Green ilustran los contrastes y oportunidades de este emergente mercado.
Un mercado con doble dimensión
Los bonos de carbono representan una tonelada de CO₂ que ha sido evitada o capturada de la atmósfera. Funcionan dentro de dos grandes marcos: el mercado regulado, impulsado por compromisos internacionales como el Acuerdo de París, y el mercado voluntario, donde las empresas adquieren créditos de manera independiente para compensar sus emisiones.
“El mercado de carbono no solo financia la conservación: redefine la relación entre economía y medioambiente.”
Aunque la lógica parece sencilla, el proceso detrás de un bono de carbono es complejo y técnico: implica fases de diseño, validación, certificación, registro y compensación, cada una bajo estándares internacionales reconocidos como Verra, Gold Standard o ACR. Los proyectos abarcan desde la regeneración de bosques y la agricultura sostenible, hasta innovaciones como el biochar, una forma de carbono estable que se almacena en el suelo.
Paraguay: claridad legal y confianza inversora
Uno de los ejemplos más sólidos de la región proviene de Paraguay, país que con la Ley 7190/2023 estableció un marco legal claro sobre la propiedad y registro de créditos de carbono. En este modelo, los créditos pertenecen al titular del proyecto y se registran ante el Ministerio del Ambiente (Mades), otorgando seguridad jurídica y atrayendo inversión extranjera.
La experiencia paraguaya demuestra que el éxito no depende solo del potencial natural, sino de marcos normativos claros, derechos de propiedad bien definidos y procedimientos transparentes. Este enfoque ha permitido a Paraguay posicionarse como un referente emergente en la región.
Bolivia: entre la oportunidad y la regulación
Bolivia enfrenta un escenario más desafiante. Durante más de una década, la Ley 300 de 2012 prohibió la mercantilización de funciones ambientales, bloqueando de facto el desarrollo del mercado de carbono. Sin embargo, la Sentencia Constitucional 40/2024 revirtió esta restricción, reconociendo que la limitación afectaba derechos fundamentales como el acceso al medio ambiente y la libertad económica.
“Exomad Green convierte residuos forestales en biochar, generando empleo y capturando CO₂ en suelos bolivianos.”
A partir de entonces, el país comenzó a reconstruir su marco legal. El Decreto Supremo 5264/2024 y la Resolución Ministerial 66/2025 establecieron las bases para un Registro Nacional de Programas y Proyectos (RENAPP), mientras que la RM 76/2025 centralizó las transacciones a través del Banco Central de Bolivia. Si bien estas normas abren la puerta a nuevas oportunidades, expertos advierten sobre los riesgos de excesiva centralización y falta de reglamentos operativos, factores que podrían desalentar la inversión privada y la innovación en proyectos ambientales.
Financiamiento climático: más allá de los bonos
Desde una perspectiva macroeconómica, el Banco Mundial ha subrayado la necesidad de diversificar los instrumentos de financiamiento verde en la región. Además de los bonos de carbono, propone bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza, seguros climáticos y reformas fiscales verdes. La meta es articular una economía resiliente, donde el capital privado participe activamente en la transición climática y los países puedan financiar su adaptación frente a los riesgos ambientales.
Caso de innovación: Exomad Green y el poder del biochar
Entre los proyectos destacados, Exomad Green, filial de la principal exportadora de madera de Bolivia, representa un ejemplo de innovación aplicada al sector forestal. La empresa ha logrado convertir los residuos de biomasa —tradicionalmente quemados o desechados— en biochar, un material con alto potencial de captura de carbono y beneficios para la fertilidad del suelo.
“Paraguay marca el camino con una legislación clara y segura que atrae inversión climática sostenible.”
Su planta en Concepción ya opera con éxito, y otra de mayor escala se construye en Guarayos, proyectada como la mayor planta de biochar del mundo. El proyecto no solo reducirá emisiones, sino que también genera empleos locales, impulsa economías regionales y promueve prácticas forestales sostenibles. Una vez en operación plena, producirá más de 70.000 toneladas de biochar por año, parte de las cuales se distribuirán gratuitamente entre pequeños productores.
Conclusión
El avance del mercado de bonos de carbono en Latinoamérica está marcando el inicio de una nueva economía forestal, donde la conservación se traduce en valor económico y social. La experiencia de Paraguay muestra que la claridad normativa es clave; el caso boliviano evidencia los desafíos de equilibrar regulación con apertura; y el ejemplo de Exomad Green confirma que la innovación tecnológica puede convertir un problema ambiental en una oportunidad sostenible.
El reto ahora es consolidar instituciones confiables, transparencia en la gestión y una participación activa del sector privado y las comunidades locales. Los bonos de carbono no son una solución aislada, pero sí una herramienta poderosa dentro de un ecosistema de políticas climáticas que busca un equilibrio entre desarrollo, equidad y preservación ambiental.
En última instancia, el verdadero éxito de estos mecanismos no se medirá solo en créditos generados o dólares invertidos, sino en bosques preservados, comunidades empoderadas y un futuro climático más seguro para la región.
