Coyuntura

¿Busca realmente Estados Unidos el petróleo de Venezuela? Claves detrás de la acusación del gobierno de Maduro

El presidente venezolano Nicolás Maduro sostiene que el endurecimiento de la presión de Estados Unidos contra su país responde a un objetivo central: apoderarse de las vastas reservas petroleras venezolanas. La acusación ha vuelto a ganar fuerza tras recientes acciones militares y la incautación de un petrolero que presuntamente transportaba crudo venezolano en violación de las sanciones estadounidenses. Sin embargo, analistas y funcionarios en Washington matizan esta narrativa y señalan un panorama más complejo, donde convergen intereses geopolíticos, energéticos y de seguridad.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en alrededor de 303.000 millones de barriles. No obstante, esta abundancia contrasta con una producción actual muy reducida. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, el país produjo en noviembre cerca de 860.000 barriles diarios, menos de un tercio de lo que producía hace una década y apenas una fracción del consumo global.

El declive comenzó a inicios de los años 2000, cuando el control estatal sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se intensificó, provocando la salida de personal técnico especializado y el deterioro progresivo de la infraestructura. A esto se sumaron las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2015, que limitaron el acceso a financiamiento, tecnología y repuestos clave.

Washington sostiene que sus acciones responden a preocupaciones relacionadas con el narcotráfico, la seguridad regional y la legitimidad del gobierno de Maduro, más que a un interés directo por el petróleo. El presidente Donald Trump ha acusado públicamente al mandatario venezolano de facilitar el envío de drogas y criminales a Estados Unidos, y ha pedido reiteradamente su salida del poder.

Incluso con un cambio político, la gran pregunta sigue siendo si vale la pena apostar por el crudo venezolano.

Funcionarios de la Casa Blanca han señalado que la prioridad de la política estadounidense en la región es frenar el flujo de narcóticos. Analistas en seguridad energética coinciden en que no existen pruebas concluyentes de que el control del petróleo venezolano sea el eje central de la estrategia estadounidense.

Aunque el petróleo no sea el motor principal de la política exterior de EE.UU., el interés económico existe. Actualmente, Chevron es la única petrolera estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela, gracias a licencias especiales otorgadas durante el gobierno de Joe Biden y extendidas posteriormente. La compañía representa cerca del 20% de la producción petrolera venezolana, lo que la posiciona como un actor clave si se flexibilizaran las sanciones.

Además, las refinerías de la costa del Golfo de México demandan el crudo venezolano “extra pesado”, que resulta más barato y rentable de procesar. La reducción de la producción venezolana ha limitado la disponibilidad de este tipo de crudo, afectando a dichas refinerías.

Los expertos coinciden en que reactivar plenamente el sector petrolero venezolano sería un proceso largo y costoso. Un informe de Wood Mackenzie estima que, con mejoras de gestión e inversiones moderadas, la producción podría aumentar hasta dos millones de barriles diarios en un plazo de dos años. Sin embargo, para un crecimiento más ambicioso se requerirían decenas de miles de millones de dólares y al menos una década de trabajo sostenido.

A esto se suman otros factores de riesgo, como la pertenencia de Venezuela a la OPEP y la evolución de la demanda global de petróleo, que se espera se desacelere y comience a disminuir hacia finales de la década de 2030.

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