Cámara Agropecuaria del Oriente redefine su agenda: biotecnología, exportaciones y seguridad jurídica en el centro del debate
El sector agropecuario boliviano vuelve a colocar sobre la mesa los temas estructurales que, según sus líderes, definirán su futuro productivo. En su congreso ordinario realizado en Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) no solo presentó su informe de gestión 2025, sino que trazó una hoja de ruta con demandas concretas para 2026.
Más que un balance anual, el encuentro funcionó como plataforma estratégica para insistir en reformas pendientes: acceso a biotecnología, liberación de exportaciones, ajustes en la Función Económica Social (FES) y fortalecimiento institucional. El mensaje es claro: sin cambios normativos y mayor previsibilidad, el agro difícilmente podrá desplegar todo su potencial.
Uno de los ejes más sensibles es el acceso a eventos transgénicos bajo marcos regulatorios regionales. La dirigencia plantea agilizar trámites y adoptar procedimientos abreviados en línea con estándares del Mercosur. Desde su perspectiva, la biotecnología no es solo una herramienta técnica, sino un factor determinante para elevar rendimientos, enfrentar eventos climáticos adversos y mejorar competitividad frente a mercados vecinos.
La CAO insiste en la liberación plena de exportaciones como condición para generar previsibilidad e inversión.
La política comercial ocupa otro lugar central. La CAO insiste en la necesidad de liberar plenamente las exportaciones para generar certidumbre en los productores. La lógica es directa: si el productor sabe que podrá vender sin restricciones, invertirá más en tecnología, ampliará superficie cultivada y dinamizará cadenas de valor. En contraste, las limitaciones intermitentes generan freno en decisiones de inversión y planificación.
En el ámbito financiero y tributario, el sector propone aprobar una ley de pequeña propiedad que facilite acceso a crédito de largo plazo, especialmente para productores de menor escala. Además, plantea reducir el IVA a cero para la importación de maquinaria, insumos y genética. El argumento se basa en un diagnóstico claro: la productividad promedio sigue siendo baja y requiere modernización tecnológica sostenida.
Un tema particularmente delicado es la verificación de la Función Económica Social (FES). La CAO considera que la revisión cada dos años genera incertidumbre jurídica y propone ampliarla a un periodo de diez años. Para el sector, la estabilidad en la tenencia de la tierra es clave para inversiones de mediano y largo plazo.
A esto se suma la demanda de institucionalización de entidades técnicas como el INIAF, el INRA, el Senasag y la ABT. Desde la visión gremial, fortalecer estas instituciones mediante procesos técnicos y no políticos permitiría mejorar la gestión, agilizar trámites y elevar estándares sanitarios y productivos.
Un elemento político relevante fue la ausencia de autoridades del Ejecutivo en el congreso, pese a que inicialmente se había anunciado su participación. Esta señal refuerza la percepción de distancia entre el sector productivo y el Gobierno en torno a la agenda agroindustrial.
El congreso de la CAO evidencia que el debate agropecuario en Bolivia trasciende lo coyuntural y se instala en el terreno estructural. Biotecnología, apertura comercial, seguridad jurídica y modernización institucional son los pilares sobre los que el sector busca construir una nueva etapa de crecimiento.
La pregunta de fondo no es si el agro puede producir más, sino bajo qué condiciones normativas y económicas podrá hacerlo de manera sostenible. Si las reformas planteadas se concretan, el sector podría convertirse en uno de los principales motores de crecimiento. De lo contrario, la agenda podría seguir acumulando años de postergación.
