Chile y el litio: ¿regreso al liderazgo global o apuesta estratégica de última milla?
En un escenario internacional marcado por la transición energética y la creciente demanda de minerales críticos, el litio se ha convertido en un recurso geopolítico de primer orden. En este contexto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que el país está preparado para recuperar el liderazgo mundial en la producción de este mineral estratégico. La declaración no es menor: Chile fue durante años el principal productor global, pero desde 2017 cedió ese lugar a Australia.
La pregunta clave no es solo si puede volver a ocupar el primer puesto, sino cómo lo hará y bajo qué modelo de desarrollo.
1. Estrategia nacional y reposicionamiento productivo
En 2023, el gobierno chileno lanzó una Estrategia Nacional del Litio con el objetivo de aumentar la producción en un 70 % antes de 2030. La iniciativa apuesta por un modelo donde el Estado, a través de Codelco —la mayor productora mundial de cobre—, asuma un rol protagónico en asociación con capital privado.
Este enfoque busca equilibrar soberanía sobre recursos estratégicos con atracción de inversión extranjera. La actualización del contrato de operaciones en el Salar de Maricunga, el segundo con mayor concentración de litio a nivel mundial después del Salar de Atacama, refleja esa lógica de colaboración público-privada.
El mensaje es claro: Chile no solo quiere producir más, sino hacerlo bajo una nueva arquitectura institucional.
“El litio y el cobre son minerales fundamentales para la transición energética global y para la competitividad futura del país.”
2. Producción, tecnología y escalamiento
El proyecto en Maricunga contempla una primera fase hacia 2030 con una producción estimada de entre 15.000 y 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE), utilizando métodos de evaporación tradicional.
Posteriormente, desde 2033, se proyecta alcanzar hasta 55.000 toneladas anuales mediante extracción directa, una tecnología considerada más eficiente y con menor impacto hídrico. Este cambio tecnológico no es accesorio: podría convertirse en el factor diferenciador frente a competidores como Australia y Argentina.
En un mercado donde la sostenibilidad y la trazabilidad ganan peso, la forma de extraer es tan relevante como el volumen producido.
3. Dimensión territorial y legitimidad social
Uno de los elementos más relevantes del nuevo enfoque es la incorporación explícita del diálogo con comunidades y gobiernos regionales. El contrato actualizado incluye aportes al Gobierno Regional de Atacama, municipalidades y comunidades indígenas, buscando una distribución más equitativa de los beneficios.
La experiencia latinoamericana demuestra que los proyectos extractivos sin legitimidad social enfrentan conflictos que ralentizan o encarecen la inversión. En ese sentido, el énfasis en el involucramiento territorial no es solo una declaración política, sino una condición estratégica para la estabilidad del sector.
La sostenibilidad ambiental y la gobernanza participativa se convierten así en variables económicas.
