China presiona a EEUU y reabre negociación arancelaria

El conflicto arancelario entre las dos mayores economías del mundo vuelve a moverse, pero no necesariamente hacia la distensión. La reciente decisión de Estados Unidos de dejar de recaudar ciertos aranceles adicionales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), tras un fallo del Tribunal Supremo, introduce un giro jurídico en una disputa que hasta ahora había sido esencialmente política y estratégica.

En ese nuevo escenario, China ha pedido formalmente la cancelación de los aranceles que considera “unilaterales” y ha planteado la posibilidad de una sexta ronda de consultas económicas bilaterales. El mensaje no es meramente diplomático: apunta a reconfigurar el marco de presión mutua en un momento en que Washington reemplaza parte del esquema anterior por un recargo del 10 % aplicado bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

“Los gravámenes adicionales incluían un 10 % vinculado al fentanilo y un 34 % de aranceles recíprocos, de los cuales un 24 % fue suspendido, dejando un nivel efectivo del 20 % para China.”

La arquitectura arancelaria impuesta previamente incluía un 10 % vinculado al fentanilo y un 34 % en los denominados “aranceles recíprocos”, de los cuales un 24 % fue suspendido. El resultado práctico situaba el nivel adicional efectivo en torno al 20 % para productos chinos. La modificación del instrumento legal no elimina la carga, pero sí altera su fundamento y, por tanto, su estabilidad jurídica y política.

Este matiz es clave. El traslado desde un marco de emergencia económica hacia un mecanismo comercial ordinario reduce la excepcionalidad del conflicto, pero no su impacto. Para las cadenas de suministro, el mensaje sigue siendo de incertidumbre regulatoria. Para los exportadores chinos y los importadores estadounidenses, la cuestión no es solo el porcentaje aplicado, sino la previsibilidad de su vigencia.

La respuesta de Pekín, que se reserva el derecho de adoptar “todas las medidas necesarias”, mantiene abierta la posibilidad de contramedidas selectivas. Sin embargo, al mismo tiempo, la disposición a una nueva ronda de consultas sugiere que China percibe una ventana táctica: la revisión judicial en Estados Unidos podría ofrecer espacio para renegociar términos sin que ninguna de las partes parezca ceder bajo presión directa.

“La Oficina de Aduanas dejó de recaudar aranceles bajo la IEEPA y aplicó en su lugar un recargo del 10 % conforme a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.”

En términos sectoriales, el impacto se concentra en manufactura avanzada, bienes intermedios y productos tecnológicos, donde los márgenes son sensibles a variaciones arancelarias de dos dígitos. La disputa también incide en la planificación de inversión extranjera directa, especialmente en empresas que evalúan estrategias de relocalización o diversificación hacia terceros mercados en Asia y América Latina.

Más allá del intercambio bilateral, el episodio revela una tendencia estructural: la judicialización y fragmentación del comercio internacional. Las decisiones sobre aranceles ya no dependen exclusivamente del poder ejecutivo, sino que están sujetas a revisión interna y reinterpretación legal, lo que añade una capa de complejidad al sistema multilateral.

El desenlace inmediato dependerá de si la sexta ronda de consultas logra redefinir el alcance de los gravámenes o simplemente estabilizar la tensión en niveles administrables. Lo que está en juego no es solo el volumen del comercio entre Estados Unidos y China, sino la arquitectura futura de la política comercial global y el grado de institucionalidad que la sostendrá en un entorno crecientemente competitivo.