Crisis en Bolivia: Escasez de dólares y combustibles empuja a medidas desesperadas

Bolivia enfrenta una aguda crisis económica caracterizada por la escasez de dólares, la disminución de exportaciones y la falta de soluciones efectivas. Ante esta situación, el Gobierno ha iniciado diálogos con diversos sectores en busca de alternativas que permitan enfrentar la falta de divisas, que ha provocado un alza en los precios y serios inconvenientes en el comercio exterior.

En un reciente programa de televisión, los economistas Horst Grebe, Alberto Bonadona y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Jaime Ascarrunz, expusieron sus recomendaciones para mitigar la crisis. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), reducir el gasto público, levantar las subvenciones y cumplir con los acuerdos establecidos en las reuniones recientes.

Bonadona advirtió que, sin medidas urgentes, el país no tendrá otra opción que solicitar asistencia al FMI. «Es una necesidad inminente, no se generarán divisas solo con reuniones», subrayó. Ascarrunz, por su parte, enfatizó que los precios subvencionados de combustibles han incentivado el contrabando, beneficiando a terceros países. «El esfuerzo de Bolivia está financiando a otras economías», afirmó. Aunque valoró la iniciativa del Gobierno de introducir la gasolina Ultra Premium 100, criticó la falta de claridad respecto al diésel, GLP y GNV.

Grebe coincidió en la urgencia de reducir el gasto público, señalando que desde 2005 el único sector que ha crecido en valor agregado es el de la administración pública, pasando del 12% al 16%. Además, mencionó que el gasto en empleados públicos ha incrementado el déficit fiscal, al que se suma la caída en el precio del petróleo, obligando al país a adquirir combustibles importados. En su análisis, las recientes reuniones del Gobierno reflejan una incapacidad para alcanzar acuerdos políticos sólidos. «No es suficiente con encuentros; es necesario conformar un grupo técnico que desarrolle un plan realista y flexible», subrayó.

Bonadona añadió que la solución requiere un consenso político serio antes de solicitar un préstamo al FMI, enfatizando la importancia de contar con proyectos rentables que generen empleo. «No se trata solo de pedir dinero, sino de saber cómo utilizarlo de manera efectiva», puntualizó.

Ascarrunz hizo un llamado al Gobierno para cumplir con los compromisos asumidos. «Es esencial dar seguimiento a los acuerdos para que no queden en meras intenciones, especialmente con solo un año restante de gestión antes de que el clima electoral contamine las buenas propuestas».

El pasado viernes, el presidente Luis Arce y los empresarios llegaron a un acuerdo de 17 puntos en la Casa Grande del Pueblo para reactivar la economía, con una segunda reunión programada para septiembre. Dentro de estos compromisos, el sector privado se ofreció a gestionar ante la Asamblea Legislativa la aprobación de créditos externos por más de US$ 1,000 millones.

Además, el sábado, el Gobierno y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) firmaron un acuerdo que incluye la cooperación en estudios sobre biotecnología y la garantía de seguridad jurídica de las tierras, así como el suministro de combustibles.

Estas reuniones reflejan la necesidad urgente de encontrar soluciones concretas en un contexto económico cada vez más desafiante para Bolivia.