Coyuntura

El capital energético podría reorientarse hacia el norte y debilitar la atracción del Cono Sur

Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de asumir un control pleno del negocio petrolero venezolano abren un nuevo escenario geopolítico y económico para la región. Más allá del impacto directo en Venezuela, el anuncio genera lecturas estratégicas que podrían redefinir el flujo de inversiones energéticas en Sudamérica, con efectos colaterales para países como Bolivia.

Para Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, el mensaje de Washington tiene al menos dos implicaciones relevantes. La primera está vinculada al mercado internacional de combustibles: una eventual reactivación sostenida de la producción petrolera venezolana incrementaría la oferta global de crudo. En ese contexto, los precios tenderían a estabilizarse, lo que podría beneficiar a economías importadoras como la boliviana, reduciendo el costo de adquisición de diésel y gasolina.

La respuesta, coinciden los analistas, pasa por reformas normativas, claridad institucional y una estrategia energética capaz de adaptarse a un entorno regional cada vez más competitivo.

La segunda lectura apunta al atractivo que podría generar la presencia directa de Estados Unidos en la administración petrolera venezolana. Según Ríos, el involucramiento estadounidense actuaría como un fuerte catalizador para la inversión extranjera, al ser percibido como una garantía de seguridad jurídica y estabilidad institucional, dos factores clave para el capital internacional.

Ríos subraya que Venezuela cuenta con ventajas geológicas significativas frente a otros países de la región. La calidad de sus reservas, con hidrocarburos de mayor tamaño molecular y yacimientos ubicados a menor profundidad, reduce los costos de exploración y explotación. Este escenario, combinado con un entorno más predecible para los inversionistas, podría desviar flujos de capital que hoy consideran alternativas en países como Argentina, Brasil o Bolivia.

De concretarse esta tendencia, el impacto no sería menor. Para economías que buscan reposicionarse como actores relevantes en el sector energético, una menor llegada de inversión extranjera podría traducirse en retrasos tecnológicos, menor producción y pérdida de competitividad regional.

Ante este contexto, el analista Carlos Delius plantea que Bolivia debe responder con reformas estructurales. En particular, considera imprescindible que la modificación de la Ley de Hidrocarburos incorpore criterios de flexibilidad y adaptación al nuevo entorno internacional, ofreciendo reglas claras y condiciones atractivas para los inversionistas sin sacrificar los intereses estratégicos del Estado.

La seguridad jurídica y la previsibilidad normativa se vuelven, en este escenario, herramientas clave para evitar que el país quede relegado frente a un competidor fortalecido en el norte del continente.

Desde una mirada más amplia, el economista Darío Monasterio explica que la inversión extranjera directa, especialmente en sectores como el petróleo y el gas, está fuertemente condicionada por las expectativas. La sola posibilidad de que Venezuela vuelva a ser un mercado rentable en el mediano plazo ya está generando reacciones positivas en los mercados financieros.

Un ejemplo de ello es el comportamiento de las acciones de empresas como Chevron y ExxonMobil, que han mostrado incrementos recientes. Estas compañías ya operan en Venezuela o cuentan con el potencial de expandir sus actividades, respaldadas por el discurso explícito del gobierno estadounidense sobre la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana.

Monasterio advierte que este escenario refuerza la competencia regional en materia energética. Para Bolivia, que busca recuperar protagonismo en el mercado del gas, la consolidación de Venezuela como un proveedor más fuerte representa un desafío adicional.

El involucramiento estadounidense actuaría como un fuerte catalizador para la inversión extranjera, al ser percibido como una garantía de seguridad jurídica y estabilidad institucional.

No obstante, también identifica posibles efectos secundarios en el ámbito laboral. Una eventual recuperación económica en Venezuela podría incentivar el retorno de migrantes venezolanos desde países de la región, incluida Bolivia. Aunque el impacto sería más visible en economías con mayor presencia de esta población, en el mercado laboral boliviano podrían abrirse nuevas oportunidades para trabajadores locales en ciertos sectores.

El posible reposicionamiento de Venezuela como eje energético regional, bajo una mayor influencia de Estados Unidos, redefine el mapa de inversiones en Sudamérica. Para Bolivia, el escenario combina oportunidades coyunturales —como precios más estables de combustibles— con riesgos estructurales ligados a la competencia por capital y mercados. La respuesta, coinciden los analistas, pasa por reformas normativas, claridad institucional y una estrategia energética capaz de adaptarse a un entorno regional cada vez más competitivo.

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