El Estado boliviano y la compensación por vacaciones: implicaciones del Decreto Supremo 5470
En un contexto económico desafiante y a semanas del cierre de gestión gubernamental, el Ejecutivo boliviano emitió un nuevo decreto que modifica las normas sobre el régimen laboral de los servidores públicos. La medida, contenida en el Decreto Supremo 5470, dispone el pago de las vacaciones no utilizadas en casos específicos, marcando un precedente dentro de la administración pública del país. Este cambio, impulsado por el gobierno del presidente Luis Arce, busca reconocer derechos laborales acumulados que hasta ahora no contaban con compensación económica, reforzando la seguridad jurídica de los funcionarios estatales.
La disposición oficial modifica el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público, estableciendo que el derecho a la vacación es irrenunciable y obligatorio. Sin embargo, introduce una excepción importante: las vacaciones no utilizadas podrán ser compensadas económicamente en casos de fallecimiento, extinción de la entidad pública, destitución, renuncia al cargo o fallo judicial ejecutoriado.
“El Decreto Supremo 5470 busca equilibrar el reconocimiento laboral con la sostenibilidad financiera del Estado.”
De acuerdo con el nuevo marco normativo, las entidades públicas deberán realizar el pago correspondiente en un plazo máximo de 45 días calendario, sin necesidad de que el funcionario afectado presente una solicitud formal. Esta automatización busca evitar dilaciones administrativas y garantizar un cumplimiento uniforme en todas las instituciones estatales.
El decreto también distingue las fuentes de financiamiento según el origen de los recursos de cada entidad. Aquellas que operan con presupuestos distintos al Tesoro General de la Nación (TGN) deberán cubrir el gasto con fondos propios. En cambio, las instituciones que dependen del TGN podrán solicitar recursos adicionales, previa evaluación de su disponibilidad presupuestaria. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar la aplicación del beneficio sin generar presiones excesivas sobre las finanzas públicas.
Analistas laborales interpretan esta medida como una respuesta a demandas acumuladas en el sector público, donde muchos funcionarios no lograban hacer uso de sus vacaciones debido a la carga laboral o la falta de reemplazos temporales. Desde una perspectiva administrativa, la normativa también puede servir como mecanismo de cierre de pasivos laborales, evitando litigios o reclamos futuros que afecten al Estado.
El Decreto Supremo 5470 representa un avance en la protección de los derechos laborales dentro del sector público boliviano. Al reconocer la posibilidad de compensar económicamente las vacaciones no utilizadas, el Estado no solo corrige una omisión histórica, sino que también refuerza la transparencia y equidad en la gestión del recurso humano estatal.
“Las entidades públicas deberán pagar las vacaciones no utilizadas en un plazo máximo de 45 días calendario.”
No obstante, la medida plantea desafíos presupuestarios y operativos que exigirán una adecuada coordinación entre el Tesoro General de la Nación y las entidades descentralizadas. En el corto plazo, el decreto podría aliviar tensiones laborales; a largo plazo, abre el debate sobre la necesidad de políticas sostenibles que equilibren el bienestar del servidor público con la eficiencia del aparato estatal.
