El Gobierno de Bolivia Asigna $20 Millones a la Función Social de los Servicios Financieros
El Gobierno nacional de Bolivia, mediante un decreto supremo aprobado por el gabinete de ministros, ha establecido que en el año 2025 los bancos múltiples y las entidades financieras de microfinanzas (PYME) destinarán aproximadamente 20 millones de dólares a cumplir con la función social de los servicios financieros. Esta cifra corresponde al 6% de las utilidades netas generadas durante el año 2024, como parte del compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo social del país.
Un Impulso a la Inclusión Financiera
La medida, anunciada por el presidente Luis Arce a través de sus redes sociales, tiene como objetivo ampliar las oportunidades financieras para los sectores más vulnerables de la población. Según Arce, este esfuerzo forma parte de una estrategia para fomentar un sistema financiero inclusivo que impulse el progreso de todos los bolivianos.
De acuerdo con la Ley 393 de Servicios Financieros, esta asignación de recursos no solo busca promover el acceso a los servicios bancarios, sino también fortalecer el desarrollo integral y la eliminación de la pobreza y exclusión social. En este contexto, el 6% de las utilidades de los bancos será utilizado para financiar programas que diversifiquen las oportunidades financieras, particularmente en regiones y sectores económicos tradicionalmente marginados.
Fundamentos Legales y Objetivos del Decreto
La Ley de Servicios Financieros establece, en su artículo 115, que las entidades de intermediación financiera deben destinar anualmente un porcentaje de sus ganancias a la función social, en línea con los objetivos de desarrollo integral establecidos por el Estado Plurinacional de Bolivia. Estos objetivos incluyen la promoción de un desarrollo sostenible y el acceso universal a servicios financieros de calidad. Además, la ley establece que los bancos deben garantizar la continuidad y eficiencia de estos servicios, buscando reducir tiempos y costos en la entrega de los mismos.
El artículo 4 de la Ley enfatiza la responsabilidad de las instituciones financieras no solo de promover el desarrollo económico, sino también de eliminar barreras sociales y económicas que dificulten el acceso de la población más vulnerable a los servicios financieros. En este sentido, las entidades financieras están obligadas a ofrecer productos que aseguren una atención de calidad y calidez, contribuyendo a la estabilidad social y económica del país.
Exenciones y Consideraciones Especiales
El decreto también detalla ciertas exenciones a esta disposición. Por ejemplo, las utilidades que correspondan al capital comunal de las entidades financieras serán exentas de esta aplicación, al igual que aquellas que corresponden al Capital Fundacional de las instituciones de desarrollo financiero. Esto asegura que las iniciativas de financiamiento comunal y de desarrollo continúen operando dentro de sus propios marcos de sustentabilidad.
La decisión de destinar un porcentaje significativo de las utilidades de los bancos hacia la función social refuerza el compromiso del Gobierno boliviano con la inclusión financiera y el desarrollo equitativo de la población. A través de este tipo de medidas, se busca reducir las desigualdades económicas y sociales, brindando a todos los sectores de la sociedad acceso a un sistema financiero más justo, accesible y eficiente. Esta iniciativa refleja una estrategia que busca equilibrar el desarrollo económico con el bienestar social, promoviendo el acceso universal a los servicios financieros para un futuro más inclusivo en Bolivia.
