El IBCE alerta sobre los efectos negativos de la suspensión temporal de exportaciones de aceite en la economía boliviana
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) expresó su preocupación por la reciente decisión del Gobierno de prohibir temporalmente las exportaciones de aceite comestible, una medida destinada a frenar la especulación en el mercado interno. Según el gerente del IBCE, Gary Rodríguez, esta acción no resolverá el problema, que radica en la cadena de comercialización.
Crisis en el mercado del aceite
En los últimos días, el aceite comestible ha escaseado en los mercados principales de Bolivia, mientras que el producto disponible se vende a precios mucho más elevados. Para contrarrestar esta situación, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, anunció la suspensión temporal de exportaciones hasta que se normalice el abastecimiento y los precios internos sean justos.
Según Huanca, uno de los factores que afectaron el precio del aceite fue el bloqueo de 24 días realizado por seguidores del expresidente Evo Morales, que interrumpió la cadena de suministro. Además, señaló que el contrabando a países vecinos y la especulación por parte de comerciantes inescrupulosos han exacerbado la crisis.
El IBCE alerta sobre las consecuencias
Rodríguez advirtió que la suspensión de exportaciones, aunque temporal, podría generar efectos negativos en la economía nacional. Destacó que las ventas externas de aceite son una fuente importante de divisas, necesarias para la estabilidad económica de Bolivia.
«La suspensión, así sea temporal, es un golpe para quienes confían en este país, no es la forma de solucionar lo que está pasando en el mercado con la elevación del precio del aceite», afirmó Rodríguez.
Según el IBCE, el sector agroindustrial sigue entregando el producto con normalidad a los mayoristas, pero los problemas surgen en la distribución y comercialización, donde se detectan casos de acaparamiento y especulación.
Contexto económico en Bolivia
La crisis del aceite se suma a otros problemas como la escasez de alimentos básicos, como el arroz y el tomate, que han llevado al Gobierno a militarizar las fronteras para frenar el contrabando. Además, la inflación acumulada hasta noviembre alcanzó un 7,26 %, la más alta en una década, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En respuesta a estos desafíos, el Gobierno ha reducido progresivamente los aranceles para productos como harina de trigo, artículos de limpieza y medicamentos. Sin embargo, la presión social se mantiene, con protestas recientes de transportistas, comerciantes y amas de casa que exigen soluciones frente al encarecimiento de la vida y la falta de dólares.
El IBCE insta al Gobierno a abordar los problemas de la cadena de distribución y comercio en lugar de recurrir a medidas que, según Rodríguez, podrían desincentivar la confianza de los inversionistas en el país.
