Empresarios respaldan el fin de la subvención, pero alertan sobre riesgos laborales por el alza salarial
El sector empresarial boliviano expresó su respaldo a las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno, particularmente a la eliminación de la subvención a los hidrocarburos establecida mediante el Decreto Supremo 5503. No obstante, este apoyo viene acompañado de una advertencia clara: el incremento del salario mínimo nacional podría generar efectos adversos sobre el empleo formal y la sostenibilidad de miles de empresas, especialmente las de menor tamaño.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) considera que el momento económico que atraviesa el país exige decisiones estructurales, pero también equilibrio y corresponsabilidad entre el Estado, el sector productivo y la sociedad.
El fin de la subvención como medida de urgencia fiscal
Desde la perspectiva empresarial, la eliminación de la subvención a los combustibles responde a una necesidad inmediata de ordenar las finanzas públicas. La CEPB sostiene que mantener este esquema habría profundizado el déficit fiscal, incrementado las distorsiones económicas y fortalecido prácticas como el contrabando de carburantes.
Advertencia sobre el impacto del alza salarial en el empleo formal.
Según el pronunciamiento del gremio, la medida evita un escenario de deterioro económico más grave y sienta las bases para corregir desequilibrios acumulados durante años. Aunque el ajuste implica costos en el corto plazo, los empresarios lo consideran un paso inevitable para preservar la estabilidad macroeconómica y prevenir una crisis de mayor magnitud.
Efectos en la cadena productiva y oportunidades de ajuste
El empresariado reconoce que el aumento en el precio de los carburantes impactará directamente en la cadena productiva, elevando costos de transporte, logística y producción. Sin embargo, también identifica este escenario como una oportunidad para eliminar distorsiones que han frenado la reactivación económica.
Desde esta óptica, el nuevo contexto obliga a replantear procesos, mejorar la eficiencia y promover un uso más racional de los recursos, con miras a una recuperación gradual en el mediano plazo.
El aumento salarial, el principal punto de tensión
El mayor desacuerdo del sector privado se centra en el incremento del 20% al Salario Mínimo Nacional, que eleva el haber básico a Bs 3.300. La CEPB cuestiona que esta decisión se haya adoptado de forma unilateral y sin un diálogo previo con el sector productivo.
A juicio de los empresarios, el aumento salarial, en un contexto de desaceleración económica y presión sobre los costos operativos, pone en riesgo la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Muchas de estas unidades productivas, advierten, no cuentan con la capacidad financiera para absorber el nuevo costo laboral sin afectar el empleo formal.
Llamado a la responsabilidad compartida
La CEPB subrayó que la carga del ajuste económico no debe recaer únicamente sobre ciudadanos y empresarios. En ese sentido, instó a la clase política y a los servidores públicos a enviar señales claras de austeridad, prudencia y responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado.
Respaldo empresarial al fin de la subvención a los hidrocarburos.
Asimismo, el sector empresarial enfatizó que la actual crisis tiene causas identificables y responsables concretos, por lo que consideró indispensable que los errores de gestión del pasado no queden impunes.
Nuevos obstáculos económicos
El respaldo empresarial al fin de la subvención a los hidrocarburos refleja un reconocimiento de la gravedad del momento económico que vive Bolivia. Sin embargo, la CEPB advierte que decisiones como el aumento salarial deben evaluarse con mayor cautela para evitar impactos negativos en el empleo y la producción.
En un escenario de alta fragilidad económica, los empresarios llaman a un enfoque equilibrado, basado en el diálogo, la corresponsabilidad y la prudencia, para evitar que el ajuste económico derive en una crisis social más profunda.
