Coyuntura

Estos son los nuevos precios de los combustibles en Bolivia tras el fin de la subvención

Bolivia afronta un importante ajuste en los precios de los combustibles tras la decisión del Gobierno de eliminar las subvenciones históricas al diésel y la gasolina, una medida vinculada a esfuerzos por estabilizar las finanzas públicas y enfrentar una profunda crisis económica. Este cambio, que se reflejará de inmediato en las estaciones de servicio del país, marca el fin de décadas de precios artificialmente bajos para hidrocarburos, y tendrá impacto directo en el transporte, la producción y la vida cotidiana de los bolivianos.

Con la entrada en vigor del decreto que elimina la subvención, los costos por litro o unidad de los principales carburantes quedan establecidos de la siguiente manera:

El debate social se centra entre sostenibilidad fiscal y poder adquisitivo.

Hidrocarburos líquidos (por litro)

  • Gasolina Especial: Bs 6,96/litro
  • Gasolina Premium: Bs 11,00/litro
  • Diésel oil: Bs 9,80/litro
  • Gasolina de Aviación: Bs 10,57/litro
  • Kerosene: Bs 5,64/litro
  • Jet Fuel: Bs 10,74/litro
  • Gasoil: Bs 5,69/litro

Otros combustibles

  • Gas licuado de petróleo (GLP): Bs 22,50 por garrafa (sin cambios)
  • Gas Natural Vehicular (GNV): Bs 2,73 por metro cúbico

Estos precios entraron en vigor con la publicación del decreto gubernamental y permanecerán fijos por un plazo inicial de seis meses, mientras el Ejecutivo monitorea el impacto y planea ajustes futuros.

Durante muchos años, Bolivia mantuvo un esquema de subsidios a los combustibles, que congeló los precios en niveles muy por debajo de los costos internacionales y obligó al Estado a absorber gran parte del gasto energético. Esta política resultó insostenible ante la caída de ingresos fiscales, la escasez de divisas y el aumento de la demanda interna, generando un déficit persistente que afectó a las cuentas públicas.

El presidente Rodrigo Paz argumentó que la eliminación de subvenciones no significa abandono de los ciudadanos, sino ordenar las finanzas públicas y garantizar transparencia en la distribución de recursos. En paralelo, el Gobierno flexibilizó el régimen del diésel para facilitar su importación directa, ante dificultades logísticas de la petrolera estatal para sostener el abastecimiento.

Este ajuste tiene efectos significativos en el costo de operación del transporte, la agricultura y actividades productivas vinculadas al uso intensivo de diésel y gasolina. La subida de los precios también puede trasladarse a los costos de bienes y servicios que dependen de cadenas logísticas basadas en combustibles fósiles.

La decisión de eliminar los subsidios —un tema sensible en Bolivia— ha generado división de opiniones en la sociedad y el mundo político, dado que los combustibles más baratos eran un ancla de la política social y económica del país durante años. Por un lado, sectores productivos como el agro y el transporte enfrentan mayores costos; por otro, expertos señalan que la medida es necesaria para restaurar la sostenibilidad fiscal y reducir presiones inflacionarias.

El ajuste pone fin a décadas de precios subsidiados en hidrocarburos.

El impacto de estos cambios se ve en diferentes esferas del país y se analizará a lo largo del tiempo, a medida que se implementen mecanismos complementarios, como negociaciones con alcaldías y el transporte público para mitigar los efectos en tarifas y movilidad.

La actualización de los precios de los combustibles marca un hito en la política energética y fiscal de Bolivia. Con la eliminación de subsidiados artificiales, el país ajusta sus precios al contexto real de costos y mercado, lo que genera un ajuste inmediato en los bolsillos de los usuarios y en la operación de sectores clave de la economía. Aunque la fijación por seis meses da cierto respiro, el desafío para el Gobierno será equilibrar las necesidades de sostenibilidad económica con la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos.

Este cambio no solo se refleja en cifras, sino en la manera en que Bolivia se adapta a presiones internas y externas en un entorno de crisis estructural, donde la política energética y los precios de los combustibles juegan un papel central en la recuperación económica.

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