Experto advierte los riegos que corre Bolivia al cancelar contratos donde está la fe del Estado

Bolivia intenta consolidar el negocio de litio y hasta la fecha el Gobierno ha suscrito contratos con empresas de China y Rusia, sin embargo los mismos corren el riesgo de no aprobarse en la actual legislatura de la Asamblea Legislativa, lo cual puede no solo postergar los proyectos e inversiones previstas, sino dañar la imagen del país y dificultades para atraer nuevamente el interés del capital privado.

Ernesto Rossel Arteaga, abogado de la UMSS y de Master en Administración de Empresas y una Maestría en Derecho Comercial Internacional y Tributario, de la Universidad de Viña del Mar y del Departamento de Negociación, Mediación y Arbitraje Comercial Internacional de la Universidad de Valencia, señala la importancia de la seguridad jurídica y el respeto a los compromisos que realiza el Estado.

Señaló que hoy  existe un inversionista internacional, un exportador de capital, que busca generar inversión extranjera directa, con interés real y capacidad de negociación con Bolivia sobre un recurso importante como el litio.

Sin embargo, las empresas que desean invertir en un país,  no vienen a hacer caridad a un país, viene a hacer negocios, a obtener ganancias, recuperar su inversión y, en el mejor de los casos, a generar excedentes. Para ello, la oferta que presenten los países que quieren negociar debe ser lo suficientemente atractiva, como ya se mencionó antes.

Bolivia arriesga contratos de litio y los inversionistas miran a Chile y Argentina

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), firmó contratos para el desarrollo del litio con  las empresas CBC, de China, y Uranium One Group, de Rusia, que garantizan el control total del Estado en la cadena productiva, desde su exploración, explotación, industrialización, hasta su comercialización.

Rossel destacó que un punto importante es el valor jurídico de los contratos ya firmados. Estos no desaparecen y es  muy difícil un borrón y cuenta nueva para la perspectiva internacional, cuando se los deja sin efecto.

“ Firmamos con Alemania en 2019 y el contrato fue anulado por decreto, pero eso tiene un costo. La imagen del país ante un socio potencial es la de alguien que cancela contratos políticamente, con riesgo de repetición. El inversionista lo acepta, pero ajusta el precio de la negociación. Lo mismo ocurre con China y Rusia: cada experiencia tiene un valor en el imaginario colectivo internacional, donde evalúan qué tipo de socio es Bolivia”, puntualizó.

Señaló que las determinantes incluyen: posibles controversias, necesidad de cláusulas de estabilización y eventual aplicación ultra-activa de tratados bilaterales de inversión y el inversionista puede recurrir a estructuras contractuales que le permitan reclamar derechos que considere suyos.

¿Qué exigen los inversionistas serios?

• Estabilidad y reglas claras.
• Una ruta ambiental previa a la ejecución sustantiva.
• Cronogramas exigibles.
• Arbitraje ejecutable.

Según Rossel la justicia boliviana, en la que se enmarca la Constitución Política del Estado (CPE), no es confiable para el inversionista extranjero, por lo que este exigirá arbitraje, ya que es muy difícil que una gran inversión quede sujeta a la justicia ordinaria.

Por eso, dijo que Bolivia debe mejorar su capacidad de ofrecer arbitraje confiable y fortalecer la gobernanza, además de dar protección ante cambios normativos que afecten contratos ya firmados. “Esto es importante, el país genera regulaciones a partir de decretos supremos, de nuevas leyes y que afectan a contratos que ya han sido suscritos en otras condiciones. Entonces, necesitamos la capacidad de resolver estos temas”, añadió.

¿Qué pasa si los contratos actuales se dejan en cero?

Para Rossel esto  es posible, pero esa señal de discontinuidad regulatoria genera riesgos políticos, encarece los contratos y hace que el inversionista busque otras opciones como: Chile, Argentina y economías emergentes como Portugal, que avanzan hoy de manera paralela en el desarrollo del litio.

Recordó que Bolivia ya enfrentó riesgos por la anulación de un contrato con una empresa alemana en 2019, ya que cuando esto ocurre, menos actores o empresas serias se presentan a las reuniones donde Bolivia, ofrece litio, de 100 posibles interesados, sólo se presentan 10.

“El mercado de posibles interesados se reduce, se pudo avanzar desde 2020, pero no se lo hizo y hoy tenemos dos contratos firmados que aún no están en  ejecución y en peligro porque es posible que la legislatura  actual no los apruebe. Si son buenos o malos es otro tema, eso se puede ver en la Asamblea, pero el Estado ya dio su palabra de trabajar con empresas referentes del primer mundo como son China y Rusia”, remarcó Rossel.

¿Qué señales positivas deberíamos mostrar?

• Aprobación legislativa en el momento oportuno.
• Licencias ambientales transparentes.
• Cierres financieros adecuados.

Rossel sostuvo que la incertidumbre genera mayor riesgo en la ejecución de contratos, encarece el financiamiento porque reduce la bancabilidad y la gobernanza, y aumenta el costo de capital, con riesgos de terminación unilateral.

Agregó que es importante una hoja de ruta pública por proyecto, sin necesidad de modificar la Constitución, pero garantizando contratos con estándares internacionales, que es lo que el inversionista requiere.

También se requiere controversias equilibradas y arbitraje neutral, con transparencia contractual. Solución interna de conflictos mediante comités  antes de acudir a arbitraje y cláusulas de estabilización moderada y reportes de gobernanza sólidos y una gestión social preventiva con indicadores verificables.

Más de 140 premios internacionales respaldan la calidad de Paceña, reconocida en la Copa Mundial de la Cerveza y Monde Selection.

El mensaje clave, dijo  es que Bolivia sí puede atraer inversión extranjera directa bajo el modelo político actual, pero siempre y cuando garantice previsibilidad y licencias previas, aspectos que hoy no se perciben con claridad.

“La  ventana de la demanda no espera: si no logramos bancabilidad, corremos el riesgo de perder el turno. Licencias ambientales previas reducen el costo de capital y mejoran los contratos, y un arbitraje moderno reduce costos financieros y mejora la calificación de riesgo”, alertó.

Rossel fue uno de los expositores del conversatorio “El Futuro del Litio en Bolivia, seguridad jurídica, y oportunidades globales”, auspiciado por  el diario La Razón, el portal Urgente.bo el martes.