FUNDACION MILENIO: PARA REMONTAR LA CRISIS ACTUAL ES INDISPENSABLE REACTIVAR Y MODERNIZAR LA MINERÍA BOLIVIANA

La Fundación Milenio presentó en la ciudad de Oruro una Estrategia de Desarrollo Minero, para promover una minería sostenible, competitiva e inclusiva. Esta organización académica independiente propone que, entre el 2025 y el 2030, la participación de la minería en el PIB nacional pase de 5.26% al 10%, con una inversión estimada de US$ 5 mil millones durante un quinquenio. 

“Con normas eficientes, que aseguren certidumbre, mayor inversión privada extranjera y nacional, modernización institucional y una drástica reducción del impacto ambiental de las operaciones, es posible pasar de una producción minera de 2.751 millones de dólares (dato de 2023), a un valor de 5.322 millones de dólares, en 5 años”, afirmó Henry Oporto, director ejecutivo de Milenio.

La oportunidad existe; falta desarrollar las capacidades tecnológicas, empresariales y financieras en nuestra minería.

La estrategia gira en torno a dos ejes: de un lado, la promoción de la inversión minera, con apertura a la inversión extranjera, en un marco jurídico que proporcione al sector privado libertad económica, ventajas competitivas, seguridad y estabilidad en sus proyectos y operaciones. Un segundo eje es la urgencia de frenar la creciente informalización de la actividad minera con una política orientada a la plena formalización de las cooperativas mineras y su transformación en unidades productivas eficientes, con capacidad de gestión técnica, administrativa, y ambiental, en igualdad de derechos y obligaciones ante la ley, y con la posibilidad de capitalizarse y constituirse en un emergente empresariado minero popular.

Milenio propone un Anteproyecto de Nueva Ley de Minería, para fomentar la inversión, dinamizar y abrir nuevas oportunidades a la actividad minera. Entre las medidas concretas se contempla el reforzar el derecho minero mediante la figura del Contrato de Concesión Minera en reemplazo del actual contrato administrativo (una modalidad precaria y restringida de derecho minero), de manera de afianzar la seguridad jurídica de las inversiones y actividades mineras.

Asimismo propone, la creación de la Superintendencia de Minas (en lugar de la inoperante AJAM), como entidad independiente encargada de administrar los procesos de otorgamiento de derechos mineros y el cumplimiento de obligaciones inherentes a dichos derechos, junto con el establecimiento de la judicatura minera a cargo de un Juez de Minas.

“También se propone el establecimiento de un régimen tributario más competitivo frente a los que se aplican en otros países mineros, eliminándose la Alícuota Adicional de 12.5 sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE); alícuota que determina que hoy en día las empresas paguen una tasa de 37.5% de IUE (una de las más altas en la región).

En el proyecto de Milenio —manteniéndose la tasa de 25% del IUE en el sector minero— se crea una Sobretasa a las Utilidades Extraordinarias en la Minería de 25%, para que el Estado participe de las ganancias extraordinarias que los operadores mineros puedan obtener cuando las cotizaciones muestren alzas excepcionales, como es el caso actual de la cotización del oro”, explicó Oporto. 

De acuerdo al proyecto legislativo de Milenio, los pequeños productores y las cooperativas mineras podrán acogerse a un Régimen Especial del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (RE-IUE) consistente en un único pago anual del 4,8% sobre el valor bruto de sus ventas. Este régimen especial no exime del pago de la regalía minera ni tampoco del pago de la Sobretasa a las Utilidades Extraordinarias en la Minería, puntualizó el investigador.

Otra medida que se sugiere es destinar el 5% del pago de la regalía para beneficio directo de las comunidades rurales colindantes con el área de impacto del emprendimiento minero.

La estrategia gira en torno a dos ejes: de un lado, la promoción de la inversión minera… Un segundo eje es la urgencia de frenar la creciente informalización de la actividad minera.

Milenio propone también un Anteproyecto de Modificación a la Ley General de Cooperativas, recogiendo las disposiciones del Decreto 2892 de 2016, para la protección de los derechos laborales y sociales de los trabajadores de las cooperativas mineras. Y para que estos trabajadores (que no son socios) reciban una pensión de jubilación, se prevé reforzar el aporte laboral al sistema de pensiones con un porcentaje del impuesto que las cooperativas tendrían que pagar por concepto de utilidades dentro del régimen tributario especial para este sector.

Henry Oporto sostiene que el potencial de recursos mineros en el territorio nacional, junto con el aumento de la demanda mundial de metales, crean una oportunidad histórica para que Bolivia pueda proyectarse en el siglo XXI como una potencia minera, capaz de proveer los minerales críticos que la transición energética y la industria tecnológica requieren. “La oportunidad existe; falta desarrollar las capacidades tecnológicas, empresariales y financieras en nuestra minería, sobre todo impulsando la inversión en exploración y en nuevos proyectos mineros, en un clima de seguridad jurídica, estabilidad social, buenas políticas, acuerdos y consensos entre los actores productivos, cumplimiento de la ley y autoridad efectiva del Estado.