Gobierno refuerza bonos sociales para amortiguar el impacto del ajuste económico

Tras la aplicación del Decreto Supremo 5503, el Gobierno nacional defendió el Programa de Protección a la Población más Vulnerable, un paquete de bonos sociales concebido como un mecanismo de contención social frente al ajuste en los precios de los combustibles y las medidas de ordenamiento económico en curso.

Las autoridades explicaron que el objetivo central del programa no es compensar pérdidas, sino proteger a los sectores con menor capacidad de absorción del impacto económico, mientras se avanza en un proceso de estabilización fiscal y normalización de la economía.

Transferencias directas como eje de la política social

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales, señaló que la estrategia se basa en el fortalecimiento de transferencias monetarias directas a los hogares de menores ingresos. En ese marco, confirmó que la Renta Dignidad se incrementará a Bs 500 mensuales, a partir de enero, y que este ajuste tendrá carácter permanente.

El mandato gubernamental es iniciar los pagos desde enero, sin retrasos ni obstáculos administrativos.

Según Morales, la medida responde a una visión estructural de protección social. “No se trata de una acción temporal, sino de una decisión orientada a respaldar de manera sostenida a quienes enfrentan mayores dificultades en este periodo de transición económica”, explicó.

A esta iniciativa se suma el aumento del Bono Juancito Pinto, que pasará a Bs 300 en la gestión 2026, con el propósito de fortalecer la economía familiar y apoyar la permanencia escolar. Además, se implementará el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que contempla un bono de Bs 150 mensuales durante tres meses por familia, dirigido a hogares con estudiantes del sistema fiscal y de convenio, beneficiarios del bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y sectores en situación de indigencia.

Ejecución inmediata y sin trámites adicionales

Morales aseguró que el mandato gubernamental es iniciar los pagos desde enero, sin retrasos ni obstáculos administrativos. En esa línea, destacó que la Gestora Pública ya trabaja en la operativización de los desembolsos, con el objetivo de evitar demoras y pagos duplicados.

Por su parte, el gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Marcelo Fernández, precisó que los beneficiarios no deberán realizar ningún registro adicional, ya que se utilizarán las bases de datos existentes. Asimismo, indicó que se reforzaron los controles para prevenir fraudes y se ampliaron los canales de atención ciudadana.

Un “amortiguador social” en medio del ajuste

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, fue enfático al rechazar que estas medidas sean consideradas una compensación directa por el ajuste. “Hablar de compensación implicaría devolver algo perdido; nuestro enfoque es proteger a los sectores más frágiles durante este proceso”, afirmó.

Espinoza reconoció que el impacto del decreto es complejo en el corto plazo, pero defendió la eliminación de un subsidio que calificó como insostenible. A su juicio, los bonos sociales funcionan como un puente hacia la estabilidad, en un contexto donde la inflación ya se manifestó y requería decisiones firmes.

No se trata de una acción temporal, sino de una decisión orientada a respaldar de manera sostenida a quienes enfrentan mayores dificultades en este periodo de transición económica.

Desde el ámbito presupuestario, el viceministro Jaime Coronado explicó que el programa de bonos está incorporado en la reformulación del Presupuesto General del Estado 2026, garantizando los recursos necesarios para su ejecución oportuna. “La red de protección social es uno de los pilares del decreto y debe cumplirse en tiempo y forma”, sostuvo.

Prioridad social en la transición económica

El Gobierno estima que las medidas alcanzarán de manera directa a cerca del 30% de la población, considerando los distintos programas vigentes. Para el Ejecutivo, este enfoque busca equilibrar el ajuste fiscal con una señal clara de prioridad social, evitando que el peso de la transición recaiga sobre los sectores más vulnerables.

Las autoridades coincidieron en que el programa no reemplaza las reformas estructurales necesarias, pero constituye un respaldo inmediato para los hogares que enfrentan mayores dificultades, mientras el país avanza hacia una etapa de mayor estabilidad económica tras la implementación del Decreto 5503.