Intervención en EMAPA: el inicio de una auditoría que podría redefinir los subsidios alimentarios en Bolivia
El reciente anuncio del ministro interino de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Mario Justiniano, marcó un punto de inflexión en la historia de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). La decisión de intervenir la estatal no surge de un hecho aislado, sino de un cúmulo de irregularidades que, según fuentes oficiales, habrían derivado en una “deuda monstruosa” cercana a los 1.000 millones de bolivianos. Este episodio pone bajo la lupa la gestión de los programas de subsidio alimentario, especialmente el destinado al trigo y la producción de harina, pilar fundamental en la estabilidad del precio del pan en el país.
Un programa clave en crisis
El programa de subsidio al trigo fue diseñado para garantizar que el pan —uno de los productos básicos en la canasta familiar— mantuviera su precio accesible, fijado en 50 centavos la unidad. Para ello, el Estado compra trigo a precios competitivos y vende harina a menor costo a los panificadores. Sin embargo, el reciente informe de ejecución presupuestaria revela un panorama alarmante: solo se ha ejecutado el 6,8% del presupuesto asignado al programa, equivalente a Bs 51,3 millones de los Bs 755,9 millones disponibles hasta agosto de 2025.
El objetivo es proteger el bienestar de las familias bolivianas y recuperar la transparencia en la gestión pública.
En términos prácticos, por cada 100 bolivianos presupuestados, apenas siete se han utilizado efectivamente. El resto permanece sin movimiento, lo que deja en evidencia una gestión deficiente en un programa que debería garantizar la seguridad alimentaria de millones de bolivianos.
Mientras tanto, la partida destinada a la compra de harina —inicialmente sin presupuesto— recibió una asignación de Bs 451,3 millones, de los cuales el 98,5% ya fue ejecutado. Este contraste despierta sospechas sobre posibles desbalances financieros y decisiones administrativas poco transparentes.
Incremento desmedido en la compra de harina
Los datos históricos refuerzan estas dudas. Entre 2023 y 2024, EMAPA incrementó ocho veces la compra de harina, pasando de 117.551 a 974.778 quintales. Este salto del 729% en solo un año fue presentado por el entonces gerente de la estatal, Richard Rojas, ante la Cámara de Diputados. A simple vista, podría interpretarse como una expansión del programa; sin embargo, sin una ejecución presupuestaria proporcional ni controles adecuados, las cifras reflejan más una distorsión administrativa que un crecimiento planificado.
Además, los estados financieros de la empresa hasta agosto muestran que, de un presupuesto total de Bs 4.531,7 millones, solo el 37,5% fue ejecutado. Este nivel de ineficiencia es significativo si se considera que el presupuesto de EMAPA supera incluso al de la Gobernación de Santa Cruz y se equipara a toda la inversión pública del departamento de La Paz.
Auditorías, responsabilidades y un clima de incertidumbre
Ante este escenario, el ministro Justiniano anunció la intervención inmediata de EMAPA y la conformación de una comisión especial de auditoría que revisará los estados financieros y las operaciones del programa de trigo. “El objetivo es proteger el bienestar de las familias bolivianas y recuperar la transparencia en la gestión pública”, señaló la autoridad.
La medida busca también responder a las denuncias que pesan sobre exautoridades de la estatal. Entre ellas, Franklin Flores, exgerente general y exdiputado del MAS, quien actualmente enfrenta tres procesos judiciales por presunta corrupción, con acusaciones que incluyen enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica. Según una denuncia legislativa, durante su gestión se habrían malversado más de Bs 934 millones en nueve proyectos productivos, entre ellos la planta de papa en El Alto y un proyecto piscícola en el lago Titicaca.
Mientras tanto, el actual Gobierno intenta preservar la estabilidad del precio del pan, aunque el sector panificador ya advirtió sobre retrasos en la entrega de harina. De los 64.000 quintales comprometidos, apenas se han recibido 9.678, lo que ha provocado una reducción temporal en la producción, especialmente en los mercados de La Paz. Los panificadores, encabezados por Rubén Ríos, solicitaron una reunión urgente con las autoridades para definir un nuevo precio de referencia, que podría llegar a Bs 1 por unidad, si no se regulariza el abastecimiento.
Reflexión mayor para EMAPA
La intervención de EMAPA representa una prueba decisiva para el Gobierno de Rodrigo Paz, que ha prometido actuar con transparencia y responsabilidad frente a los errores heredados del MAS. Las auditorías anunciadas no solo buscan establecer responsabilidades administrativas, sino también reconstruir la confianza pública en una empresa que maneja recursos comparables a los de un ministerio.
La decisión de intervenir la estatal no surge de un hecho aislado, sino de un cúmulo de irregularidades que, según fuentes oficiales, habrían derivado en una ‘deuda monstruosa’.
Más allá de los números, el caso de EMAPA plantea una reflexión mayor: la sostenibilidad del modelo de subsidios alimentarios y su impacto en la economía boliviana. Si bien el objetivo de mantener precios accesibles es legítimo, su éxito depende de una gestión eficiente, controles rigurosos y transparencia institucional.
El resultado de esta intervención podría redefinir el rumbo de la política alimentaria del país y determinar si el “pan de batalla” seguirá siendo un símbolo de estabilidad o se convertirá en el próximo termómetro de la crisis económica nacional.
