La CNI expresa rechazo al proyecto de Ley de reposición del Ex Fondo ProLeche

La discusión sobre la reposición del Ex Fondo ProLeche reabre un debate estructural en la economía boliviana: cómo financiar políticas sectoriales sin profundizar la presión tributaria sobre el aparato productivo formal. El Proyecto de Ley 528/2024-2025, que plantea la creación del Fondo Productivo Lácteo “LECHE PARA CRECER” y “LECHE PARA TODOS”, introduce una nueva carga impositiva en un entorno ya tensionado por informalidad, contrabando y desaceleración productiva.

La reacción de la Cámara Nacional de Industrias no es solo sectorial; es estructural. El gremio advierte que reactivar esquemas tributarios que previamente no demostraron eficacia implica reincidir en un modelo de financiamiento que traslada costos al sector formal sin resolver fallas de mercado de fondo. En términos técnicos, el cuestionamiento apunta a la eficiencia presupuestaria y al diseño de incentivos: gravar producción para subsidiar producción puede generar distorsiones que terminan erosionando competitividad.

“Reactivar una estructura impositiva que no ha demostrado eficacia resulta regresivo e ineficiente a nivel presupuestario.”

El sector industrial formal ya enfrenta una estructura impositiva que incluye impuestos a utilidades, ventas, transacciones y gravámenes específicos. En ese contexto, añadir un nuevo componente tributario no solo incrementa costos de producción, sino que amplía la brecha frente a actores informales que operan al margen del sistema fiscal. La industria compite en precio con productos que no internalizan las mismas cargas, lo que convierte cualquier incremento tributario en una pérdida directa de margen o en un traslado inevitable al consumidor final.

La experiencia previa con fondos sectoriales en Bolivia ha mostrado resultados mixtos. Cuando los mecanismos de subvención cruzada no corrigen problemas estructurales —productividad primaria, escala, logística o formalización— el efecto puede ser regresivo. El riesgo señalado es que el financiamiento termine estrangulando al segmento formal sin modificar la raíz del problema en la cadena láctea. En un mercado donde la elasticidad precio es sensible, cualquier ajuste impositivo puede impactar demanda, inversión y empleo.

“Avanzar sin un análisis integral podría generar efectos adversos en precios, inversión y empleo formal.”

El debate adquiere mayor relevancia en un entorno macroeconómico marcado por restricciones fiscales y menor margen de maniobra estatal. La tentación de financiar políticas sectoriales mediante contribuciones específicas puede parecer funcional en el corto plazo, pero a mediano plazo afecta señales de inversión. La industria evalúa no solo el nivel de impuestos, sino la estabilidad y previsibilidad del marco regulatorio. Iniciativas que se perciben como reactivaciones de esquemas previamente descartados generan incertidumbre regulatoria, un factor crítico en decisiones de expansión y modernización productiva.

Además, la competitividad del sector lácteo no depende únicamente de financiamiento. Productividad primaria, eficiencia en la cadena de frío, logística, escala industrial y control efectivo del contrabando son variables determinantes. Sin abordar estas dimensiones, un fondo financiado por nuevos gravámenes corre el riesgo de convertirse en un mecanismo redistributivo interno que no mejora la posición del sector frente a competidores informales o importaciones irregulares.

Lo que está en juego no es solo la estructura de un fondo, sino el modelo de política industrial. Si el financiamiento descansa nuevamente en mayores cargas al sector formal, el efecto puede traducirse en menor capacidad de reinversión, ajustes en precios y presión sobre empleo. Para una industria que aporta recaudación y formalidad, la señal es relevante: el costo de sostener políticas sectoriales podría recaer en quienes ya cumplen con el sistema tributario.

“El sector industrial ya enfrenta impuestos sobre utilidades, ventas, transacciones y gravámenes específicos que inciden directamente en costos y competitividad.”

Para el mercado lácteo, el impacto potencial se proyecta en tres niveles: estructura de costos, dinámica de precios y competitividad frente a informalidad. Para el consumidor, el traslado parcial o total del nuevo tributo podría reflejarse en el precio final. Para el Estado, la pregunta es si el diseño del fondo generará mayor productividad o simplemente redistribución interna sin mejoras estructurales.

El Proyecto de Ley 528 no solo reabre un instrumento fiscal; reabre una discusión sobre coherencia de política económica. En una coyuntura donde la formalidad necesita incentivos y estabilidad, cualquier modificación tributaria adquiere peso estratégico. La sostenibilidad del sector lácteo dependerá menos del volumen de recursos recaudados y más de la calidad del diseño institucional que los administre.

El desenlace de este debate será una señal clara sobre la orientación de la política productiva en Bolivia: si prioriza ampliación de base formal y competitividad sistémica, o si continúa recurriendo a cargas sectoriales como mecanismo de financiamiento inmediato. En un contexto de márgenes estrechos y competencia informal persistente, esa diferencia no es menor.