La Nueva Realidad de la Deuda en los Países en Desarrollo: Entre el Respiro Temporal y los Riesgos Estructurales
La brecha financiera que enfrentan los países en desarrollo entre lo que pagan y lo que reciben volvió a abrirse como no ocurría en medio siglo. Entre 2022 y 2024, estas economías destinaron USD 741 000 millones más al servicio de su deuda externa que lo que captaron en nuevos recursos, una cifra que desnuda la fragilidad de sus estructuras fiscales y la presión creciente sobre sus presupuestos públicos. Más que un dato aislado, este desempeño refleja un patrón estructural que compromete la capacidad de inversión social de los países más vulnerables.
Un alivio transitorio que no garantiza estabilidad
Aunque el aumento de tasas de interés a nivel global comenzó a moderarse en 2024 y los mercados de bonos reabrieron sus puertas, el margen de maniobra que obtuvieron algunos países podría resultar engañoso. El último International Debt Report del Banco Mundial muestra que, pese al breve respiro, las condiciones financieras siguen siendo precarias: la deuda externa combinada de las economías de ingreso bajo y medio alcanzó un récord de USD 8,9 billones, mientras que los países más pobres aquellos elegibles para financiamiento de la AIF acumularon USD 1,2 billones, el mayor nivel registrado.
“Los países en desarrollo pagaron USD 741 000 millones más en deuda de lo que recibieron en financiamiento durante 2022–2024.”
Un ejemplo ilustrativo es el resurgimiento de emisiones de bonos soberanos: los inversionistas privados aportaron USD 80 000 millones netos en financiamiento, pero lo hicieron a tasas cercanas al 10 %, prácticamente el doble de la era pre-2020. En otras palabras, el acceso volvió, pero a un precio que compromete la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
La paradoja del financiamiento: más deuda, menos desarrollo
El costo de la deuda no es solo una carga contable: tiene efectos concretos sobre la vida de millones de personas. En 2024, los países en desarrollo pagaron USD 415 000 millones únicamente en intereses, recursos que en muchos casos equivalen al presupuesto anual de educación, salud o infraestructura. La consecuencia más dramática se refleja en la inseguridad alimentaria: en los 22 países más endeudados —donde la deuda externa supera el 200% de sus ingresos por exportaciones más del 56% de la población no puede pagar una dieta adecuada para una buena salud. En los países de la AIF dentro de este grupo, la cifra se eleva a casi dos tercios de los habitantes.
La situación plantea una paradoja contundente: mientras las cifras de deuda alcanzan máximos históricos, las posibilidades de inversión pública en sectores esenciales continúan reduciéndose. Un país que gasta más en intereses que en formación de capital humano compromete su potencial de crecimiento futuro.
El rol del Banco Mundial y la retirada del financiamiento bilateral
En este escenario, el financiamiento concesional se volvió un recurso escaso, salvo por parte del Banco Mundial. En 2024, la institución fue el principal sostén para los países de la AIF, aportando USD 18 300 millones netos adicionales, junto con USD 7500 millones en donaciones, otro récord. Este papel contrasta con la tendencia de los acreedores bilaterales, que después de apoyar varios procesos de reestructuración con reducciones de hasta 70% en ciertos casos retrocedieron. En conjunto, estos acreedores recibieron USD 8800 millones más de lo que desembolsaron.
“En 2024, solo en intereses, las economías vulnerables desembolsaron un récord de USD 415 000 millones.”
Frente a la falta de alternativas externas de bajo costo, muchos gobiernos recurrieron cada vez más al mercado interno. En más de la mitad de los 86 países con datos disponibles, la deuda pública interna creció más rápido que la externa. Aunque este fenómeno refleja avances en el desarrollo de mercados de capital locales, también encierra riesgos: vencimientos más cortos, mayor costo de refinanciamiento y un sistema bancario que privilegia la compra de bonos estatales sobre el financiamiento al sector privado.
Un sistema financiero tensionado con efectos sociales profundos
Más allá de las cifras, el informe revela un impacto social con implicaciones a largo plazo. La presión fiscal generada por el servicio de la deuda desplaza el gasto social, frena inversiones claves y limita la capacidad de los gobiernos para responder ante eventos imprevistos como desastres naturales o shocks externos. La inseguridad alimentaria en los países más endeudados no es un efecto indirecto, sino una evidencia de cómo la macroeconomía se conecta con la vida cotidiana.
Ante este panorama, economistas como Indermit Gill enfatizan que el momento actual no debe interpretarse como un retorno a la normalidad financiera, sino como una ventana de oportunidad para realizar ajustes estructurales antes de que las condiciones globales vuelvan a endurecerse. Reformas fiscales, estrategias de crecimiento diversificado y mecanismos de protección social se vuelven urgentes para evitar que las mejoras transitorias oculten riesgos persistentes.
Mirando hacia adelante: ¿un cambio de rumbo o una crisis en cámara lenta?
El aumento constante de la deuda pública interna, el encarecimiento del financiamiento externo y la reducción del espacio fiscal plantean la necesidad de replantear la arquitectura financiera internacional para que los países en desarrollo no sigan atrapados entre obligaciones crecientes y recursos decrecientes. La experiencia de 2022-2024 muestra que el problema no es solo la deuda, sino el costo, la volatilidad y el limitado margen de acción que enfrentan estas economías.
“Entre los países más endeudados, más del 56% de la población no puede costear una dieta mínima saludable.”
Los próximos años serán decisivos para determinar si el mundo en desarrollo podrá transformar este momento de alivio parcial en una estrategia sostenible, o si la crisis silenciosa de deuda continuará expandiéndose hasta convertirse en un obstáculo estructural para el progreso social y económico.
