La Política del Grano: ¿Estrategia de Abastecimiento o Cortina de Humo en la Economía Boliviana?

La noche del miércoles, el gobierno del presidente Rodrigo Paz dio un paso significativo en su política agroindustrial al promulgar el Decreto Supremo 5547. Esta nueva normativa, publicada en la Gaceta Oficial, establece un arancel de importación del 0% para el grano de soya, una medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. En esencia, el Ejecutivo apuesta por abrir las fronteras al grano extranjero, argumentando la necesidad de robustecer la cadena productiva interna y equilibrar la balanza entre la oferta y la demanda de subproductos como la harina y el aceite.

Sin embargo, esta medida no ocurre en el vacío. Se inserta en un complejo tablero económico donde la liberación de importaciones coexiste, de manera casi paradójica, con una producción local que, según los gremios, goza de buena salud y ansía mayores espacios en el mercado internacional.

Importar para Exportar: La Delgada Línea del Mercado Interno

La decisión gubernamental de fijar en cero el gravamen para la partida 1201.90.00.00 (grano de soya) busca, en teoría, garantizar la materia prima para la industria local. Al abaratar la entrada de soya del extranjero, se pretende que las procesadoras locales tengan suficiente stock para producir derivados destinados al consumo interno, evitando así desabastecimiento o picos de precios.

«En los últimos diez años, las exportaciones del complejo soya superaron los 12.160 millones de dólares, reflejando su impacto directo en la balanza comercial.»

No obstante, el trasfondo de esta política revela una tensión latente. El productor boliviano, representado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), lleva meses en una puja con el Ejecutivo. El quid de la cuestión no es la importación per se, sino la libertad para exportar su propia cosecha. Si bien el gobierno de Paz ha dado pasos hacia la desregulación —autorizando 880.000 toneladas de grano para exportación y eliminando controles de precios y cupos en subproductos—, el sector privado percibe estas acciones como gestos insuficientes. La demanda subyacente es la eliminación total de las trabas burocráticas y las certificaciones previas, un «libre mercado» pleno que, por ahora, el gobierno dosifica con cautela.

Una Década de Oro vs. Un Presente de Incertezas

Mientras el decreto de importación acapara titulares, los datos históricos dibujan un panorama que no puede ignorarse. Según informes de Anapo, en la última década, el complejo soya (que incluye grano, aceites y tortas) ha inyectado más de 12.160 millones de dólares a la economía boliviana. Esta cifra no es menor: representa un pilar fundamental en la generación de divisas, el empleo en el oriente del país y la dinamización de una cadena de valor que va desde el pequeño agricultor hasta el gran exportador.

«El gobierno autorizó la exportación de 880.000 toneladas de grano sin cupos adicionales hasta fin de año, aunque el sector sigue demandando una liberalización plena.»

Este contexto de éxito exportador hace que la decisión de facilitar la importación de soya resulte, cuando menos, contradictoria para algunos analistas. La pregunta que surge es: ¿se está importando para suplir una demanda interna que la producción local no puede cubrir, o es una medida de presión geopolítica para mantener cierto control sobre un sector que cada vez exige más autonomía comercial?

Entre la Seguridad Jurídica y la Soberanía Productiva

El decreto 5547 puede leerse desde dos ángulos. Desde la óptica gubernamental, es una herramienta de «seguridad alimentaria» que asegura insumos para la industria, evitando que una eventual caída en la producción local (por factores climáticos o logísticos) desestabilice el mercado.

Desde la perspectiva del productor, sin embargo, la medida podría interpretarse como un desincentivo velado. La importación de soya con arancel cero, en un momento en que la producción nacional busca consolidarse, introduce un competidor externo en el mercado de materia prima. Para el agricultor local, la pregunta es directa: si el gobierno abre las puertas al grano extranjero, ¿qué garantías existen de que mi cosecha tendrá prioridad en la industria local o en los cupos de exportación?