Microempresas al límite: el éxodo silencioso del motor productivo boliviano
En un país donde las micro y pequeñas empresas (mypes) representan una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) y generan una considerable cantidad de empleos, la reciente crisis económica ha golpeado con una dureza que no da tregua. De la mano de una escasez de dólares, créditos impagables, inflación en insumos y la falta de políticas públicas eficaces, Bolivia está viendo cómo una parte esencial de su estructura económica se apaga lentamente. Detrás de cada máquina de coser que se detiene y de cada taller que baja la persiana, hay historias de lucha, resiliencia y, en muchos casos, desesperación.
Crisis estructural y abandono
David Choquehuanca, un experimentado textilero boliviano, es el reflejo de una realidad que afecta a miles. Con más de veinte años en el rubro, ha sobrevivido a vaivenes regionales como el corralito argentino y al colapso de la emblemática Ametex. Pero hoy, las condiciones económicas locales lo obligan a cerrar su taller en Santa Cruz y mirar hacia Argentina como única alternativa de subsistencia. Su historia no es la excepción.
Según la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), cerca del 90% de las unidades productivas en el país han paralizado sus actividades. La escasez de divisas ha encarecido los insumos —el 70% de los cuales son importados— y la falta de combustible ha encarecido la logística. Sumado a esto, la incertidumbre política en un año electoral y la ausencia de medidas estatales de alivio financiero han llevado a que muchos empresarios abandonen el país o se vean forzados a ingresar al comercio informal.
El 90% de las unidades productivas en Bolivia ha paralizado sus actividades alerta Conamype.
Juan Carlos Vargas, representante de Fedemype, resume el sentir del sector: “Podemos perderlo todo”. El dirigente plantea un año de gracia sin pago de capital ni intereses como solución urgente para evitar un colapso masivo. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno no ha dado señales claras de implementar un salvavidas real. Para muchos, las reprogramaciones ofrecidas por la banca no son más que un maquillaje financiero que prolonga el sufrimiento: intereses adicionales, cargos extra y ninguna solución estructural.
Testimonios de una agonía silenciosa
La historia de Geraldine Flores también ilustra el drama. Madre soltera y emprendedora, logró montar un taller con 12 máquinas y hasta compró un lote de terreno gracias a su negocio textil. Pero los precios de la materia prima se duplicaron —los rollos de tela pasaron de costar Bs 7 a Bs 16— y sus márgenes desaparecieron. Las ventas bajaron, los créditos se acumularon y los sueños de expansión quedaron archivados. Hoy trabaja en un hospital, agradecida por la estabilidad que no encuentra en el emprendimiento. Aun así, guarda sus máquinas, esperando un futuro mejor que, por ahora, no llega.
La dimensión del problema
Más allá de los testimonios individuales, los datos reflejan la gravedad del escenario. Según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el 60% de la mora crediticia se concentra en microcréditos y créditos de vivienda, dos categorías que engloban a una buena parte del tejido empresarial informal. Aunque la mora general del sistema bancario (3,3%) es inferior al promedio regional, su concentración en los segmentos más vulnerables es un síntoma alarmante.
´Podemos perderlo todo´ advierte el sector microempresarial, que exige un año de gracia real.
Los factores que han provocado esta situación son múltiples y acumulativos: el rezago postpandemia, los bloqueos cívicos —como el de 36 días en Santa Cruz en 2022—, y fenómenos climáticos como sequías, heladas e incendios. Todo esto ha deteriorado los ingresos de miles de microempresarios y mermado su capacidad de pago.
En respuesta, el Decreto Supremo N° 5241 permite reprogramaciones con periodos de gracia de hasta 30 días en situaciones de emergencia, pero los microempresarios consideran estas medidas insuficientes frente a una crisis prolongada y estructural.
Entre el abandono y la esperanza
Lo más preocupante es la migración forzada del capital humano productivo. Empleadores bolivianos, que hasta hace poco generaban empleo formal, hoy recolectan verduras en el extranjero o trabajan como obreros en países vecinos donde su esfuerzo es mejor valorado. Esta fuga no solo erosiona la base económica, sino que mina la posibilidad de recuperación a mediano plazo.
Los rollos de tela pasaron de costar Bs.7 a Bs. 16. Así, no hay negocio que aguante.
El panorama se torna aún más sombrío al considerar que muchas mypes no están desapareciendo por mala gestión, sino por un entorno adverso imposible de sortear. Sin acceso a insumos a precios razonables, sin respaldo crediticio real y sin políticas que fomenten la industrialización prometida, las microempresas bolivianas han sido dejadas a su suerte.
La crisis que enfrentan los pequeños negocios en Bolivia no es una tormenta pasajera, sino el resultado de años de descuido estructural, medidas paliativas y políticas públicas desarticuladas. Mientras el país debate elecciones y reformas, miles de emprendedores están siendo forzados a claudicar sus sueños, vender sus activos y buscar estabilidad fuera de sus fronteras. Es hora de reconocer que sin las mypes, no solo se pierde empleo, sino también innovación, dinamismo local y un modelo de desarrollo que ha sostenido por décadas a las familias bolivianas.
El futuro aún puede reconstruirse, pero solo si se toman decisiones valientes, centradas en las verdaderas necesidades de quienes todavía creen que producir en Bolivia es posible.
