Trump reactiva aranceles globales tras revés de la Corte
El equilibrio entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial en Estados Unidos acaba de trasladarse al corazón del comercio internacional. Tras un fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales los aranceles previamente impuestos bajo poderes de emergencia, el presidente Donald Trump anunció la aplicación inmediata de un arancel global del 10 % amparado en la denominada Sección 122. Más que una respuesta jurídica, el movimiento configura un rediseño táctico de la política comercial estadounidense.
La decisión no solo reactiva la agenda arancelaria, sino que reconfigura el marco legal desde el cual se ejerce. El tribunal limitó el uso de facultades extraordinarias, pero dejó abierta la puerta a instrumentos previstos en otras normas comerciales. Trump adelantó que recurrirá a mecanismos contemplados en la Trade Act of 1974 y la Trade Expansion Act of 1962, rutas que requieren investigaciones formales y procesos administrativos más extensos. El mensaje es claro: la estrategia arancelaria no se detiene; se desplaza.
Promulgaré de inmediato un arancel global del 10 % bajo la Sección 122, mientras activamos otras alternativas legales que podrían generar más ingresos que los poderes ahora restringidos.
El arancel global del 10 % tiene implicaciones sistémicas. A diferencia de medidas focalizadas contra sectores o países específicos, un gravamen de alcance amplio altera cadenas de suministro completas, presiona costos de importación y reintroduce volatilidad en sectores intensivos en comercio exterior. Industrias como manufactura, tecnología y retail —altamente integradas en redes globales— deberán recalibrar márgenes y estrategias de abastecimiento en un contexto donde la previsibilidad regulatoria vuelve a estar en cuestión.
El trasfondo institucional añade otra capa de complejidad. El fallo de la Supreme Court of the United States no solo cuestionó la legalidad de los aranceles previos; redefinió los límites del Ejecutivo en materia comercial. La reacción pública del presidente, incluyendo críticas directas a magistrados —entre ellos algunos nominados durante su primer mandato—, convierte la política arancelaria en un terreno de confrontación institucional. Para el sector empresarial, esta tensión no es retórica: implica mayor incertidumbre jurídica y potencial litigiosidad.
Desde el ángulo fiscal, Trump ha insinuado que las nuevas herramientas podrían incluso generar más ingresos que las vías bloqueadas. Sin embargo, los mecanismos alternativos suelen requerir investigaciones por seguridad nacional o prácticas comerciales desleales, procesos que pueden prolongarse y generar represalias diplomáticas. La experiencia previa de 2018 y 2019 mostró que los aranceles amplios desencadenan respuestas equivalentes, afectando exportaciones agrícolas e industriales estadounidenses.
El fallo declaró ilegales los aranceles anteriores, pero también clarificó la capacidad presidencial para regular el comercio bajo otros marcos jurídicos.
En el plano internacional, el anuncio reabre interrogantes sobre la posición de Estados Unidos en el comercio global. Un arancel generalizado del 10 % tensiona relaciones con socios estratégicos y puede acelerar dinámicas de diversificación comercial fuera del mercado estadounidense. Para economías emergentes y exportadores netos, la medida introduce un nuevo factor de riesgo en la planificación 2026–2027, especialmente en sectores con baja capacidad de absorción de costos.
Lo que está en juego no es únicamente un instrumento arancelario, sino el alcance del poder presidencial en la arquitectura comercial. Si el Ejecutivo logra consolidar nuevas bases legales para aplicar gravámenes amplios, el precedente podría ampliar la discrecionalidad futura en política comercial. Si, por el contrario, las vías alternativas enfrentan nuevos frenos judiciales, el resultado será una mayor judicialización del comercio exterior estadounidense.
En cualquiera de los escenarios, el mercado ya recibió una señal inequívoca: la política comercial vuelve a ser un instrumento central de poder económico en Washington. La pregunta no es si habrá aranceles, sino bajo qué marco jurídico y con qué costo sistémico para empresas que operan en cadenas globales cada vez más sensibles a la incertidumbre regulatoria.
