Avasallamientos en el oriente boliviano: la CAO exige respuestas firmes del Gobierno
El conflicto por la tierra vuelve a encender alarmas en Bolivia. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), a través de su presidente Klaus Frerking, lanzó un llamado urgente al Gobierno para que frene de manera decidida los avasallamientos que afectan al sector productivo en Santa Cruz y otras regiones del país. El dirigente advirtió que el problema ya no se limita a disputas locales, sino que responde a redes organizadas que operan con una peligrosa normalidad y ponen en riesgo la propiedad privada, la seguridad ciudadana y la estabilidad del sector agropecuario.
Hechos alarmantes según la CAO
Los hechos recientes en Guarayos, donde se registraron enfrentamientos violentos entre bolivianos, evidencian la magnitud del problema. Según Frerking, los avasallamientos no son incidentes aislados, sino parte de un entramado que involucra a distintos niveles municipales e institucionales. Esta red, sostiene, ha convertido la usurpación de tierras en un mecanismo casi sistemático que afecta tanto a productores como a otros sectores económicos.
“Exigimos que metan presos a estos delincuentes para que se vayan a la cárcel y no sigan con esta fechoría.”
El dirigente recordó que en Santa Cruz existen más de 160 predios con denuncias de ocupación ilegal, cifra que no contempla los casos aún en proceso judicial ni los territorios pendientes de saneamiento en el resto del país. A ello se suman denuncias en departamentos como Beni y Tarija, además de conflictos en concesiones mineras, lo que demuestra que el fenómeno trasciende al agro y amenaza con extenderse a diversas áreas de la economía nacional.
El pronunciamiento de la CAO se enmarca en una creciente preocupación de los productores, quienes ven vulnerados no solo sus derechos de propiedad, sino también la seguridad de sus trabajadores y familias. La violencia, las armas y la ausencia de un control estatal efectivo convierten estos episodios en un riesgo latente para la convivencia pacífica y la seguridad alimentaria del país.
Las exigencias de la CAO por un bien mayor
La CAO exige que el Gobierno actúe con firmeza: sancionar a los responsables, desarticular las mafias que operan en torno a la tierra y garantizar el cumplimiento de la ley. El mensaje es claro: la pasividad estatal puede consolidar un sistema paralelo de poder en el manejo de tierras, debilitando la confianza en las instituciones. Frente a este escenario, la respuesta no puede limitarse a discursos; por lo que requiere acciones concretas que protejan la producción, salvaguarden la propiedad privada y devuelvan certidumbre a uno de los sectores clave para la economía nacional.
