El país tiene dos relojes
Bolivia vive con dos relojes que marcan horas distintas. Uno es el de la economía real, donde un camión detenido cuesta dinero cada hora, una siembra fuera de fecha se pierde entera y una planta sin insumos apaga turnos el mismo día. El otro es el reloj del Estado, donde un decreto espera su reglamento, el reglamento su resolución y una ley su comisión. Entre ambos se abrió la distancia que explica por qué esta emergencia se prolonga.
La industria, el comercio y el campo hablamos hoy juntos porque estamos parados sobre el mismo reloj. Y hablamos por más gente de la que representamos: lo que decimos aquí lo repiten el comerciante de Oruro, el industrial de Cochabamba, el transportista de Potosí y el pequeño empresario de El Alto que todavía no recuperó el capital que perdió en mayo. El diagnóstico de esta crisis ya lo conocíamos todos hace más de nueve meses y los culpables también. Seguir repitiéndolo no cambia nada y ya no es excusa. Lo que falta no es información, lo que falta es velocidad. La escasez de combustible y el agotamiento de nuestros campos son el mismo hecho observado desde dos distancias. Uno llega cada mañana al surtidor. El otro llegará en los próximos años, cuando el país que vendía energía deba comprarla con divisas que hoy ya escasean. Quien las trate como dos crisis separadas va a resolver mal las dos.
“Hoy los surtidores de Santa Cruz reciben apenas el 30% del combustible que el departamento necesita.”
Y hay algo que conviene decir con todas sus letras; el golpe de los cincuenta días de bloqueos no está superado. Hay capital que no volvió, contratos perdidos, mercados ocupados por otros y empresas con la mitad de su personal. Lo sabe el empresario grande y lo sabe con más crudeza el chico, que no tiene espalda para absorber un semestre malo. Ese daño sigue vivo en toda Bolivia y ninguna estadística mensual lo refleja todavía.
Entendemos que ordenar la casa toma tiempo. Pedimos claridad sobre una sola cosa; si vamos a ordenarla de verdad o vamos a hacer tiempo. A esta altura, la economía real dejó de tomar los anuncios como verdad.
Lo inmediato es el combustible. La norma está firmada, el reglamento salió hace semanas y hoy los surtidores de Santa Cruz reciben apenas el treinta por ciento de lo que el departamento necesita. El país no espera una firma más, espera que las firmas existentes lleguen al tanque. La cuenta es simple, el campo consume el dieciséis por ciento del diésel y produce el setenta y siete por ciento de los alimentos que Bolivia necesita; ese es el volumen que hoy no llega a tiempo.
“El campo consume el 16% del diésel y produce el 77% de los alimentos que Bolivia necesita.”
Y parte de ese combustible ya es boliviano; importamos nueve y medio de cada diez litros de diésel mientras seguimos postergando una política de estado con los biocombustibles. Cada litro de etanol mezclado es un litro que Bolivia no compra afuera. Exigimos que se simplifique el circuito de autorizaciones y se publiquen los volúmenes despachados por región y por día. Garantizar el abastecimiento es una obligación del Estado, no una concesión. La tierra tiene un calendario y ese calendario no se negocia.
En materia normativa, la Ley de Inversiones es necesaria, pero su tratamiento retrata el problema de fondo. Ingresó a la Asamblea, compite con otros tres proyectos, aún no fue radicada en comisión y no tiene fecha de debate. Nuestro análisis de sus 103 artículos identificó vicios que deben corregirse antes de su aprobación. La urgencia no puede convertirse en improvisación; una norma aprobada con problemas previsibles y luego discutida en tribunales devolvería al país a la misma incertidumbre que busca cerrar.
Y esta es solo una de varias urgencias pendientes en hidrocarburos, minería y electricidad. Una reforma energética tardará por lo menos cinco años en mostrar resultados y diez en estabilizar la producción. La demora de hoy se pagará mañana. El Legislativo debe hacer su trabajo, fijar un calendario y cumplirlo. Las pugnas políticas no pueden seguir postergando las decisiones de un país que ya no tiene margen para pagar ese costo.
“Importamos 9,5 de cada 10 litros de diésel mientras sigue pendiente una política de Estado para los biocombustibles.”
Ni la norma más moderna atraerá inversión a un país cuya crisis parece permanente. El capital no se convence con un texto legal; se convence con un país que funciona, donde hay combustible, dólares, caminos abiertos y reglas claras de manera sostenida.
Ese país lo construyen quienes producen y generan empleo. Y pueden dar más de lo que hoy dan con acciones que son voluntad y no costo, se puede duplicar la producción sin sumar una hectárea y generar más divisas de las que el gas dejó en su mejor momento. Lo único que pedimos es que se nos deje hacer aquello que Bolivia necesita con urgencia; trabajar. La unidad del aparato productivo es la señal más útil que Bolivia puede dar hoy. Seguiremos produciendo e invirtiendo como lo hicimos en los peores meses de bloqueo. Falta que el Estado ponga su reloj a la hora del país. Y que lo haga ahora, porque el tiempo que se pierde no vuelve.
